El Pacte del Grau no consigue finalmente el apoyo del PP y Ciudadanos en el dictamen final de la comisión de investigación de las fiestas de la Magdalena en el periodo comprendido entre el 2008 y el 2016. El comité se ha finiquitado formalmente sin lograr el consenso de los cinco grupos municipales, en la foto finish a 14 meses de declaraciones a todos los estamentos de la festa, desde los responsables políticos de Fiestas a los presidentes de la Junta o responsables económicos y representantes de los entes vinculados y patrocinadores, entre otros, que desfilaron por el salón de plenos desde que se constituyó el ente auditor, en octubre del 2016; o dos años si se tiene en cuenta cuándo se solicitó, un año antes.

DICTAMEN // Al cierre de las comparecencias, las negociaciones de los grupos han terminado con un dictamen final, que votaron favorablemente los tres partidos del Pacte del Grau (PSPV, Compromís y Castelló en Moviment, cuyo portavoz, Xavi del Señor, preside la comisión), y, en contra, el PP y Cs, que han presentado sendas mociones, en forma de votos particulares, que se elevarán y debatirán en el pleno del día 21.

El texto, al que se dio la pasada semana el OK por mayoría, concluye la recomendación de estudiar llevar las irregularidades detectadas ante la Fiscalía.

Del análisis de la documentación y las comparecencias, el dictamen indica que queda demostrada la contratación sin ningún tipo de concurso público o procedimiento administrativo; la inexistencia de control interno en la gestión económica, financiera y presupuestaria; el otorgamiento de subvenciones con acuerdos verbales, entre otros posibles ilícitos, según presentó CSeM en su informe, compartido por el PSPV y Compromís.

El portavoz del PP en la comisión, Juan José Pérez Macián, rechazó «el cúmulo de despropósitos de una comisión inquisitorial carente de imparcialidad y que ha criminalizado a los colectivos», y por eso ha presentado su voto particular, lo mismo que Cs, cuyo portavoz en el ente, Manuel Paduraru, señaló que «se ha buscado el consenso hasta el último momento», pero están «en contra de la judicialización, que corresponde a los jueces».