Era 25 de octubre de 1977. El otoño ya había llegado a Castellón, aunque, como siempre en todos los otoños de esta tierra, todavía se podía ir en manga corta ante el excepcional clima de una provincia que, en la recta final de los 70, basaba su economía en la producción cítricola (siempre en crisis), un sector turístico que no acababa de arrancar, la emergente industria del mueble y los albores de una industria cerámica que, años después, acabaría destapándose como soporte vital para esa bonanza que todos quieren recuperar cuando acabe el confinamiento por la pandemia.

A la capital de la Plana, y fiel a una tradición liberal que ha ido perdiendo fuelle con el tiempo, la democracia estrenada le sentaba bien, y se dejaba sentir en bares y terrazas como el Gabis, Colón o Borsalino, y con numerosas galerías de arte y espacios de tertulia. Eran, sin duda alguna, aires de libertad.

Pero no era así en el conjunto del Estado. Una tasa de paro increíble, una inflacción galopante y las sacudidas del terrorismo de ETA dibujaban un paisaje desolador.

Las elecciones generales del 15 de junio de 1977, las primeras democráticas tras el franquismo, casi eran un espejismo y una quimera fugaz. Mientras, el ruido de sables era un secreto a voces y la frágil democracia estaba a punto de chirriar y, en consecuencia, caer al precipicio.

Así, bajo la égida del gurú Enrique Fuentes Quintana, el mejor economista del país del momento, respaldado por el presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, un verdadero prestidigitador de la política, surgió lo que se llamarían los Pactos de la Moncloa. Los principales partidos políticos representados en el Congreso, tras las primeras elecciones democráticas después de la muerte del dictador, firmaron una serie de acuerdos, en diferentes ámbitos, que asentaron todas las bases de la joven democracia española.

Unos pactos basados en dos aspectos, Acuerdo sobre el programa de saneamiento y reforma de la economía y Acuerdo sobre el programa de actuación jurídica y política. Allí estaban Adolfo Suárez en nombre del Gobierno, Leopoldo Calvo-Sotelo (UCD), Felipe González (PSOE), Manuel Fraga (AP), quien solo firmó el acuerdo social y «a regañadientes», Santiago Carrillo (PCE), Enrique Tierno Galván, Partido Socialista Popular (PSP, que luego se integró en el PSOE), Josep Maria Triginer (PSC), Joan Reventós (Convergencia Socialista de Cataluña), Juan Ajuriaguerra (PNV) y también Miquel Roca i Junyent (CIU).

Los protagonistas en clave de Castellón evocan lo que supuso un momento histórico de «reconstrucción nacional», con la participación de «todas las fuerzas políticas, incluido el PCE, que se había legalizado durante el mes de abril», como recuerda el exsenador de UCD Joaquín Farnós, quien apunta que «en aquel momento, el PSOE no estaba muy convencido de firmar, pero ante la pinza UCD-PCE, no tuvo más remedio que claudicar».

SITUACIÓN DE EMERGENCIA // Testimonio también del que fue el primer diputado socialista en el Congreso por Castellón, después de la guerra civil, Felipe Guardiola, quien apela a la «situación de emergencia nacional» que vivía entonces España. El expolítico recuerda que «fue muy complicado la elaboración de esos pactos, y Fraga, de AP, solo se sumó al acuerdo social y económico, no al político», concreta.

El también parlamentario del PSOE por la provincia Antonio Sotillo califica de «gravísima» aquella crisis «con un paro galopante, una inflacción que superaba todos los límites posibles y la amenaza del terrorismo de ETA que golpeaba día sí, día también». «Era una situación horrible, que solo se podía solucionar desde el posibilismo, casi siguiendo las tácticas del pactismo de Cambó de antes de la república», asegura Sotillo, jubilado de su catedra de Derecho Mercantil de la Universitat de València.

Unos pactos que dieron «un gran resultado», rememora el exalcalde de Castelló Daniel Gozalbo, quien por entonces era director provincial del Ministerio de Educación. Gozalbo asegura que «gracias a los pactos llegaron a Castellón muchas inversiones en educación, especialmente para las aulas de preescolar, y los ayuntamientos se retaban para ver quién era el primero en ceder un solar al Ministerio para la construcción de varias unidades para la docencia».

Mientras, el escritor de la Vilavella Manuel Vicent no solamente ratifica que fueron un «éxito», sino haciendo gala de su sarcasmo habitual, sentencia: «No se qué conexiones astrales se unieron en ese día para que dieran un buen resultado». Un compromiso conjunto que «era absolutamente necesario y vital para el país», concreta el autor de Pascua y naranjas, Premio Alfaguara de 1966, uno de los escritores universales de la provincia.

Con el paso del tiempo, varias han sido las ocasiones que se han mencionado estos acuerdos como símbolo de unión entre los diferentes actores de la política de España. Ahora, en la grave crisis del coronavirus, vuelven a la palestra.

En las últimas semanas, el presidente Sánchez ha lanzado la posibilidad de reeditar estos acuerdos, aunque en circunstancias distintas y no exentas de «gravedad». El titular del Ejecutivo conmina a los representantes políticos a sumarse a la iniciativa: «Trabajar por unos nuevos Pactos de la Moncloa». Una petición validada por el PSOE y Podemos, las dos formaciones que gobiernan en coalición; y, sorprendentemente, por Ciudadanos, con una Inés Arrimadas con visión de estado. También PNV y grupos minoritarios respaldan dicha iniciativa.

La oposición, sin embargo, no se lo pone fácil a Sánchez. El Partido Popular navega entre «el sí, pero no», y Vox se desmarca directamente. Ambos con sus discursos apocalípticos y obsesiones ideologizadas.

Castellonenses que no vivieron in situ aquel momento de la historia del país de 1977 coinciden plenamente en la urgencia de llegar a unos acuerdos ahora. De una «unidad de acción» casi inevitable.

A ello se suman las voces de Susana Ros y Germán Renau, diputados del PSOE, que es lo natural, junto a agentes sociales, como Lola Guillamón, presidenta de la Cámara de Comercio, quien se pregunta «¿cómo es posible que los políticos firmarán en 1977 estos pactos y ahora no lo saben hacer?». Cristina Fernández, de Ciudadanos, sentencia que «es el momento de arrimar el hombro».

La rectora de la Jaume I, Eva Alcón, habla de «respuesta responsable y solidaria que sitúe a las personas en el centro» e invita a los partidos políticos a «unir voluntades».

También el exrector de la UJI, Francisco Michavila apela a «una reflexión de todos y a una unidad de acción». Como era de esperar, los diputados de PP y Vox de Castellón se han ceñido al guión dictado desde Madrid. Los pactos podrán ser necesarios, pero no parecen muy próximos.

Al menos, de momento.