Los directores de los centros educativos de Castellón y los padres y madres cierran filas con el plan de plurilingüismo de Marzà y confían en que el recurso anunciado por la Conselleria de Educación a la suspensión cautelar del decreto, ordenada por el TSJCV, sea estimado y desbloquee el proyecto de la Generalitat.
La Asociación de Directores de Infantil y Primaria de la Comunitat (ADIP) defiende el plurilingüismo, que afecta desde Infantil a Bachillerato y debería ponerse en marcha el próximo curso. «Es un programa con un gran consenso y la opción más conveniente para que el alumnado conozca tanto el castellano, como el valenciano y que, a la vez, se introduzca una lengua extranjera», indican.
La castellonense Eva Aparici, presidenta de la entidad, insiste en que se trata de una paralización cautelar y que todavía cabe la posibilidad de que la justicia dé «marcha atrás» en la decisión.
Aparici cree que la suspensión no afectará al proceso de matrícula, que comenzó el lunes en los centros de Infantil y Primaria de la provincia. «Lo único que ocurre es que, hasta que se resuelva el recurso, tenemos la incertidumbre de no saber qué pasará», asegura Aparici, quien confía en un proyecto «creado por expertos y con el visto bueno de todos».
Los directores insisten en que el plurilingüismo «no discrimina el castellano ni a los castellanohablantes» y que sí permite «formar a los maestros en valenciano e inglés durante diez años para mejorar la calidad de la enseñanza».
En la misma línea se pronuncia el portavoz de los directores de Secundaria de Castellón, José Martí, quien destaca la «aceptación que toda la comunidad educativa ha mostrado con el plurilingüismo» y espera en que el proyecto no se suspenda definitivamente.
LAS FAMILIAS //
La presidenta de FAPA Castellón, Silvia Centelles, apunta que «seguramente se revertirá la situación», pero incide en que «no sabemos cuánto durarán los trámites y si el plurilingüismo podrá implantarse el próximo curso». Desde la Confederación Gonzalo Anaya opinan que el actual decreto «se ajusta a la normativa de la LOMQE, que es la ley que regula el funcionamiento de la enseñanza estatal a la que nos hemos opuesto desde el minuto cero».
Desde la organización esperan que la suspensión cautelar del TSJCV implique «el menor trastorno a las familias» y consideran que «el decreto de plurilingüismo debería aplicarse en los niveles más avanzados» y «siempre aportando los recursos necesarios en cada caso para garantizar que la certificación lingüística en los diferentes idiomas sea igual para todos los estudiantes de la escuela pública y en los niveles más altos de conocimiento».
Por su parte, el Instituto Interuniversitario de Filología Valenciana (IIFV), la Univeritat Jaume I y la Universidad de Alicante han mostrado su «malestar» y «preocupación» por la paralización del decreto. Un proyecto que consideran «bien riguroso en su planteamiento didáctico» y muestra de «un avance indiscutible».