La Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA) Castelló Penyagolosa reclama a los 72 centros que han solicitado el cambio a jornada continua el curso que viene que «el nuevo horario no signifique un paso atrás para el centro», y que los proyectos que se presenten sean «innovadores y mejoren la calidad educativa, beneficiando pedagógicamente a los alumnos».

La presidenta del colectivo, Silvia Centelles, pone el acento, además, en que tras los resultados del informe de la Conselleria al proyecto piloto del 2012 al 2015, que sugieren que el cambio de horario podría empeorar los resultados académicos «hay que esperar a que finalice este curso para valorar el primer año del nuevo modelo, sin prisas, y ver en qué se puede mejorar».

Centelles reclama a Educación, eso sí, que sea «estricta» a la hora de dar o no luz verde a los proyectos presentados por los 72 centros que han mostrado interés por cambiar la jornada escolar, y que «los revise con lupa para que no bajen el nivel, que den un paso hacia adelante, y atiendan a los principios de innovación, tengan criterio social y vea si suponen una mejora o un retroceso para el centro y los estudiantes».

ACORDE A LA NUEVA NORMATIVA // FAPA incide en la «preocupación» de las familias sobre los recortes en el comedor, el transporte escolar o en la calidad de las extraescolares, «ante la bajada de usuarios» que denota el informe publicado por Magisterio.

«Es muy importante, y lo remarcamos a las familias, que pidan los proyectos del cambio de horario a su centro, que lo lean bien y que después voten en consecuencia», reclama la presidenta de FAPA, que resalta que «más del 90% de las consultas que llegan a la federación, bien sea de AMPA o de particulares, versa sobre el cambio de horario».

La Conselleria argumenta que «de cinco meses de vigencia del modelo actual y no como experimental, no se pueden extraer aún conclusiones, aunque e ha marcado un mapa de indicadores para ver las diferencias entre los horarios y ver cómo puede influir en el rendimiento», aunque se marcan un plazo de «tres años».

Centelles aboga por «esperar a tener datos» y reitera que se vote con «conocimiento de causa». //