Tensión a cuenta de un lanzamiento en un maset de la calle Estados Unidos de Castellón. Una comisión judicial, una entidad bancaria, agentes de la Policía Local y cerca de 50 personas se concentraron ayer en un chalet, vendido desde el 2017 a un matrimonio con dos niñas que paga desde entonces cada mes la hipoteca. Sin embargo, la casa todavía está ocupada por quienes fueron sus antiguos dueños. En ella residen una mujer mayor de 60 años y su hijo, con una discapacidad, que perdieron la casa por impago, declarando el juzgado la ejecución hipotecaria de la vivienda.
El matrimonio que compró la casa al banco cuando ya había una sentencia de ejecución sostiene que lo de ayer no era un desahucio porque el chalet en cuestión no puede acogerse a la ley hipotecaria. «Esa casa se usó para avalar un negocio. Nosotros la compramos al banco en un momento en el que la justicia ya se había pronunciado y estamos pagando una hipoteca. Somos vecinos del barrio de toda la vida y mucha gente ha venido a apoyarnos a nosotros», explicaron.
Una versión muy diferente fue la ofrecida por la plataforma CAT de València, que se trasladó a Castellón para apoyar a los antiguos dueños. «Ellos compraron en su día, no pudieron pagar, hubo ejecución hipotecaria y la casa salió a subasta. ¿Y ahora, que tiene otros propietarios, es el banco quien pide el lanzamiento? No tiene sentido», dijeron. La comisión y el banco decidieron ayer, ante el revuelo, no entrar.
