Una familia ha sido desalojada de su vivienda en alquiler en Castellón y se ha visto obligada a vivir en una tienda de campaña. Ambos tienen un grado de discapacidad mayor del 65%.
Tras tener conocimiento de su situación, Castelló en Moviment ha reprochado a sus socios de gobierno PSPV y Compromís, firmantes del Pacte del Grau, la falta de soluciones del Ayuntamiento para garantizar el derecho a la vivienda de las personas desahuciadas. «Lamentamos que las medidas de emergencia habitacional no estén a la altura de la necesidad ciudadana existente», señaló ayer la concejala Paz Beltrán, quien aseguró que el equipo de gobierno «es conocedor de este caso, pero sus protocolos han fallado de nuevo».
Beltrán reclamó soluciones, las cuales considera que son «un piso puente de forma urgente, activar el protocolo municipal de coordinación en caso de desahucio aprobado en pleno y ampliar el parque público de vivienda social». Esta última propuesta es una de las medidas del Pla Castelló, ahora de la formación asamblearia, incluidas en el presupuesto municipal con un millón de euros destinado a la compra de nueva vivienda.
En los últimos meses la subida de los precios de alquiler está provocando un aumento de desahucios por impagos de la renta. El caso de esta familia no es único, se trata de un problema que afecta centenares de personas», aseveró la concejala.
