En su labor diaria, las granjas y las carnicerías y establecimientos de restauración del interior provincial se encuentran actualmente con un nuevo peligro: la posibilidad de que desaparezcan los pequeños mataderos que les dan servicio. Y es que los requisitos de Salud Pública, derivados de la normativa europea, dificultan su viabilidad.

Lo destaca el diputado de Desarrollo Rural, Pablo Roig, también alcalde de Catí, que cuenta con una instalación municipal “para servir a las dos carnicerías del pueblo”. Esto, que debería ser un valor añadido, se ve dificultado por estas exigencias, que marca Bruselas “para empresas que distribuyen carne por todo el mundo”.

Las dos carnicerías de Catí “sirven carne de calidad” gracias al matadero, que además “da trabajo en el pueblo”, destaca Roig. Por ello, se suma a la demanda del sector de que se genere una excepción en España para estas instalaciones, como sí ha autorizado Bruselas “en Francia o el Reino Unido”, indica.

Desde la Unió, Francis Ferreres apunta que, cuando lo permita la normativa, la organización agraria solicitará “mataderos portátiles para que pequeñas granjas puedan sacrificar y dar servicio a la carnicería del pueblo”. Esto ayudaría a disminuir los gastos. Además, Ferreres señala que sería interesante un gran matadero “cerca del puerto y del ferrocarril” para exportar, algo que complementaría con una fábrica de pienso. H