Los flujos migratorios cambian y en los últimos dos años han dado un giro de 180 grados. Un cambio ligado directamente a conflictos políticos y económicos en los países de origen que empujan a cientos de ciudadanos a abandonar su casa y su familia. Es el caso de Antonella, el de Gabriel y el de Mason. Los tres llegaron a Castellón hace menos de un año y los tres lo hicieron huyendo de la miseria y el hambre que atenazan a Venezuela y Colombia, los territorios en los que nacieron.
Al igual que Gabriel y Antonella, cada vez son más los inmigrantes que solicitan asilo en Castellón. En 2019 fueron 813, el triple que un año antes y 11 veces más que en 2017, cuando la cifra de peticiones ascendió a 74, según datos del Ministerio de Interior recogidos por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Y en el conjunto de la Comunitat Valenciana, las cifras también se han disparado: 7.501 frente a las 4.330 del 2018.
Las solicitudes se han multiplicado (en España se han registrado más de 118.000 en los últimos doce meses) y han desbordado el sistema de asilo. «Pese a los esfuerzos que está haciendo la Administración, la acumulación de expedientes de resolución sigue aumentando y en el conjunto del país hay un tapón de 124.025, por lo que es urgente que se agilicen las resoluciones y la notificación de esos expedientes», explica Estrella Galán, directora de CEAR, que critica que se está denegando protección a personas que huyen de Colombia o de países donde impera la violencia.
Pero, ¿de dónde proceden los ciudadanos que deciden pedir asilo en Castellón? La inmensa mayoría vienen de los países de sudamérica, con Venezuela y Colombia a la cabeza. Le siguen inmigrantes que llegan de Honduras, Ucrania, Guinea o Siria. «Hace unos años, debido al conflicto que hubo en Ucrania, muchos llegaban de ese país. Ahora la mayoría procede del sur de América», explican desde el CEAR.
Una vez se solicita el asilo, la Administración tiene que estudiar y resolver el expediente, pero el problema es que el proceso puede durar meses. Y es ahí donde entran en escena organizaciones como Cruz Roja, Cáritas o Accem. Esta última lucha para mejorar las condiciones de vida de las personas refugiadas o en situación de vulnerabilidad. «Tenemos pisos de acogida en los que los inmigrantes pueden quedarse durante un tiempo. También impartimos cursos de español en el caso de que no conozcan el idioma y trabajamos en el área de empleo. El objetivo es facilitar la integración de todas estas personas», asegura Merche Hércules, coordinadora de una oenegé que tiene presencia en la provincia desde hace casi cinco años.
PERMISO PARA LOS VENEZOLANOS // La avalancha de solicitudes de asilo está provocando que decenas de personas sigan a la espera de una resolución, una situación que ahora el Ministerio del Interior trata de corregir. De hecho, a mitad del año pasado, la Oficina de Asilo puso en marcha un plan para tratar de agilizar los expedientes y desde entonces prioriza la resolución de las solicitudes de los ciudadanos venezolanos, las más numerosas.
De hecho, buena parte de los sudamericanos que llegan a Castellón no suelen cumplir los requisitos exigidos por ley para ser reconocidos como refugiados, como la persecución en el país de origen y, por lo tanto, se les deniega esa condición. Para evitar que tengan que abandonar España, el Ministerio de Interior aprobó una autorización de residencia y trabajo por razones humanitarias para el colectivo. El permiso, del que se han beneficiado ya 39.776 personas en toda España, se extiende por un año, prorrogable a dos.
