Los grupos municipales del PP y Ciudadanos solicitaron ayer, por registro y de forma conjunta, la constitución de una comisión de investigación para analizar y debatir la gestión del Centro Integrado Municipal de Seguridad y Emergencias (CIMSE), así como la de otros contratos vinculados al área de Seguridad Ciudadana.

Según recoge el escrito presentado por todos los concejales de ambos partidos políticos con representación en el consistorio (siete del PP y cuatro de Ciudadanos) y dirigido a la alcaldesa de Castelló y a la secretaria general del pleno, «el objetivo de esta comisión es analizar los procesos de adjudicación y ejecución y puesta en marcha del CIMSE, así como la concesión de los contratos de suministro de chalecos antibalas para la Policía Local y de las mochilas tácticas y linternas para este Cuerpo; el número total de desplazamientos y viajes al extranjero del concejal responsable del área y de sus acompañantes con el objeto de promocionar el sistema de seguridad municipal, el coste de los mismos y el cargo a qué partidas concretas del presupuesto municipal y todo lo referente al proceso de registro de la marca municipal Eurocop Proxpol en México».

INVERSIÓN / El mismo documento presentado también hace referencia a que el Ayuntamiento de Castelló «lleva invertidos más de 1,6 millones de euros en un Centro Integrado Municipal de Seguridad y Emergencias que, sin embargo, no funciona. Un procedimiento que se ha visto salpicado durante todo su proceso de tramitación administrativo por múltiples recursos contenciosos administrativos ante los tribunales, cuando no se han impulsado de una manera singular frente a los que se entendería habitual para un procedimiento de estas características».

Los representantes del PP y Ciudadanos también destacan en el texto que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales emitió una resolución por la que desestima la adjudicación de un contrato de este área de 700.000 euros. «Estos hechos generan preocupación y desconfianza, ya que es responsabilidad de los gestores públicos velar al máximo por los recursos económicos disponibles, así como dar las pertinentes explicaciones de manera transparente y clara sobre el destino y el uso que se hace de estos», finaliza el escrito.