Los cinco grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Castellón han firmado una declaración institucional en la que instan al Congreso a reformar la legislación procesal con el objetivo de «prohibir el lanzamiento en los procesos judiciales cuando se trate de una vivienda habitual de persona o familia declarada en riesgo de exclusión social y los servicios sociales municipales desaconsejen el desahucio».
El texto, presentado por el grupo Castelló en Moviment, ha recibido el respaldo del PSPV, Compromís, PP y Ciudadanos. La propuesta, que se aprobará el próximo jueves en el pleno ordinario, también plantea que en estos casos «se establezcan los mecanismos de sustitución de la ejecución contra el demandado por una acción de retorno por daños y perjuicios contra la administración pública competente en vivienda durante el tiempo que la vivienda esté ocupada y se mantenga la declaración de riesgo».
La corporación municipal recuerda que el artículo 47 de la Constitución afirma: «todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos».
Por ello, los grupos políticos con representación consideran una necesidad que el poder legislativo inicie una reforma que impida los desahucios de la vivienda habitual en el caso de familias en riesgo de exclusión social.
