La presunta trama de las facturas falsas de la Subdelegación del Gobierno en Castellón salpica, de momento, a los dos tesoreros considerados los cerebros del plan y a una veintena de pequeños empresarios de la provincia, que colaboraron con ellos para falsear los conceptos de los recibos o que, directamente, emitieron facturas ficticias para partirse con los funcionarios el dinero al 50%, como ha avanzado este periódico.

Algunos gerentes de negocios lo han ya llegado a reconocer, justificando, como publicó Mediterráneo, que «los años de la crisis fueron muy malos».

Sin embargo, la investigación del caso todavía no está cerrada, debido a la gran cantidad de pruebas documentales que existen. De hecho, se analiza con lupa la última década de actividad en el organismo gubernamental, bajo los mandatos del popular David Barelles (2012-2018) y del actual concejal de Seguridad en el Ayuntamiento de Castellón y portavoz socialista en la Diputación Provincial, Antonio Lorenzo (2007-2012).

La clave, en la gasolina

La llave que abrió la puerta a la investigación fue la gasolina. Dos repostajes en días consecutivos durante el pasado verano, cuando no había apenas movimiento en la institución, llamaron poderosamente la atención de una funcionaria. Esta comenzó a indagar y vio que la matrícula del turismo que se ponía el fuel pertencía a un vehículo oficial de sustitución que se encontraba parado. A partir de ese momento, la trabajadora siguió analizando otros recibos que le parecieron sospechosos y puso lo sucedido en conocimiento de las autoridades. La Policía Nacional y el Juzgado de Instrucción número 1 de la capital de la Plana iniciaron una investigación que dura ya casi doce meses.

Los presuntos artífices

El trabajador de la Subdelegación que estaba en activo hasta que el caso fue denunciado, de 57 años y con casi 30 de servicio, tramitó una gran cantidad de facturas falsas, a través de pequeñas empresas de la provincia. Entre ellas hay papelerías, droguerías, establecimientos de impresión, tiendas de electricidad, de pintura y también de fontanería, según ha podido conocer este diario. El tesorero y también así el exempleado ya jubilado, de unos 70 años, compraban en los distintos establecimientos diversos productos para su disfrute, el de sus familiares y amistades, pero pedían en estos negocios que en el recibo, supuestamente, constara otro concepto y que lo emitieran a cargo de la Subdelegación.

Bombillas, tóner o bolis

Entre las facturas que se encuentran en el punto de mira --cerca de un millar-- figuran recibos de grandes cantidades de tóner para impresión, bombillas, lejía, todo tipo de material de oficina, etc. Por ejemplo, una droguería emitía una factura de mil euros al mes en lejía y amoniaco para la institución, cuando en realidad lo que se habían adquirido eran perfumes y productos cosméticos. Entre los detenidos se encuentran estos pequeños empresarios --incluida la dueña octogenaria de una tienda de la capital--, quienes accedían a falsear los objetos adquiridos.

Un dinero al 50%

En otros casos, el fraude era todavía más claro y se hacía con dinero en efectivo. Presuntamente, los miembros de la Subdelegación se compinchaban con distintos gerentes de los negocios para que estos últimos emitieran facturas por servicios inexistentes y, una vez la Subdelegación hubiese pagado, repartirse el dinero cobrado al 50%.

Un patrimonio analizado

El aumento de patrimonio de los dos delegados de pagos detenidos se encuentra bajo investigación. Y es que, según ha podido saber este periódico, poseen casas en Benicàssim y fondos de pensiones millonarios. En referencia a su cómoda posición, los trabajadores del organismo justificaban que sus bienes eran parte de «herencias».

Barelles habla

Sobre este caso, el subdelegado ha dicho esta semana que abrió un expediente disciplinario, separando de sus funciones al tesorero que estaba en activo. «Tan pronto se detectó, puse estos hechos en conocimiento de la policía, para que llevara a cabo las investigaciones pertinentes», sostuvo. El máximo responsable del organismo incidió en que «las cuentas de la Subdelegación han pasado todos los controles legales y han seguido todos los mecanismos de validación que establece la Administración», sin levantar sospechas a ningún nivel. El subdelegado firmó muchos de los recibos sospechosos, aunque también lo hicieron otros funcionarios. Barelles declaró como testigo que desconocía el pitufeo.

El nuevo delegado

El nuevo delegado del Gobierno en la Comunitat, Juan Carlos Fulgencio, remarcó tras su toma de posesión la «gravedad» del escándalo de la Subdelegación. «Existe una investigación interna en paralelo a la judicial», dijo en referencia a las actuaciones de los tesoreros.