El diagnóstico asusta. 67 municipios de menos de 500 habitantes en peligro de extinción, tras encadenar cinco años seguidos de pérdida de población, y un predominio de la población de más de 65 años, en la que destaca la comarca del Alto Mijares, con el mayor índice de envejecimiento de la Comunitat.

¿El remedio? Un pacto de Estado y un plan de choque con financiación realista, apunta el Consell Valencià de Cultura en un reciente dictamen para atajar la despoblación rural. «La situación en Castellón es grave. Los enclaves que pierden población están muy condicionados por las deficientes comunicaciones y la ausencia de una mínima industrialización, y solucionarlo es básico», incide el Comité Económico y Social de la Comunitat (CES-CV).

Para los agentes económicos y sociales que integran el CES-CV se debe «potenciar la creación de empleo de calidad en el sector agroalimentario y reforzar el transporte a las zonas rurales». «Resulta necesario hacer llegar las líneas de autobús a los pueblos aislados, bien hacia los grandes núcleos poblacionales o hacia localidades que cuenten con Cercanías o transporte metropolitano», indican. En la misma línea, los expertos del Consell Valencià de Cultura lanzan ideas, muchas coincidentes, para atender el SOS: «Mejorar las comunicaciones y el transporte público, infraestructuras viales y servicios». Y añaden que se puede impulsar la economía con fiscalidad propia (reducción del IRPF para residentes y del impuesto de sociedades para empresas o bonificaciones en cuotas y luz a autónomos).

Ven de especial atención «la permanencia de la educación y sanidad de calidad, incentivar las actividades agrícolas, ganaderas, forestales y cinegéticas, pesca fluvial, patrimonio y turismo rural, y naturaleza». También la banda ancha, que permita el teletrabajo, potenciar la construcción de nuevas viviendas y rehabilitación, facilitar las denuncias de violencia machista, y servicios «del estilo de vida actual (farmacias, bancos, cajeros, consultorios, hostelería y comercio)».