Las diferencias sobre el plan litoral de la Generalitat (Pativel), el uso o no de los remanentes para dar ayudas por los daños del temporal, junto con visiones opuestas sobre el modelo lingüístico en educación rompieron ayer la racha de consenso casi constante que ha vivido en los últimos meses de la Diputación. Ocurrió en un pleno de febrero en el que, no obstante, hubo más de un acuerdo por unanimidad.
En cuanto a las divergencias, que dieron lugar a varios debates en los que apenas se elevó el tono, implicaron, en el caso del Pativel, la votación de tres mociones distintas --de Ciudadanos (Cs), Compromís y PP--, de las que se aprobó la planteada por el grupo popular y que alcanzó el visto bueno con el respaldo en solitario del PP, que cuenta con mayoría absoluta en la institución.
En este punto, el diputado del PP, Francisco Juan Mars, defendió que con el plan litoral «está en juego el futuro turístico de la provincia y no podemos permitir que un plan nacido de la improvisación limite las importantes posibilidades de desarrollo futuro que tiene Castellón».
estudio de viabilidad // Pidió que se incluya un estudio de viabilidad económica del Pativel, que especifique qué institución debe pagar indemnizaciones, si las hay, extremo al que se mostró contrario el portavoz de Compromís, Xavier Trenco, por considerarlo innecesario, mientras que Cristina Fernández, de Cs, rechazó directamente la aprobación del plan hasta que no se abra un nuevo periodo de alegaciones.
En el caso de la voluntad de instar a las distintas administraciones públicas a tomar medidas para paliar los daños del temporal de enero en la provincia, común a todos los partidos, la falta de acuerdo hizo que llegaran vivas al pleno cuatro mociones, de las que se aprobó también en este caso la del grupo popular, aunque con el apoyo de Compromís y Ciudadanos, partidos que habían presentado sus iniciativas.
Las tres formaciones señalaron como el obstáculo para un pacto al respecto la pretensión socialista de que la Diputación utilice sus remanentes para ayudas inmediatas a los municipios afectados. La discusión sobre si esto puede hacerse llevó al presidente Javier Moliner, a solicitar la intervención de la interventora, quien dijo que no se podía atender la petición del PSPV, entre otras razones, porque se incumpliría la regla de gasto, al haber alcanzado ya el máximo permitido.
El portavoz socialista, José Benlloch, defendió que la ley permite superar el techo fijado con solo realizar un trámite posterior e insistió en su reivindicación. El pleno dio su visto bueno, con los votos a favor del PP y Cs, y la posición en contra de PSPV, Compromís y CSeM a la moción de Cs enmendada por los populares que pide modificar el decreto plurilingüe de la Generalitat porque, según dijo la popular Elena Vicente-Ruiz, implica un «chantaje lingüístico» promovido por el conseller de Educación, Vicent Marzà, del que aseguró que «anhela el independentismo», así como le atribuyó estar «copiando el modelo catalán, aleccionando a los niños desde la escuela».
El pleno de febrero dará paso hoy a la Cumbre de Alcaldes, la primera de la legislatura y la tercera que se hace y donde han confirmando su asistencia más de 100 primeros ediles.
