La Plataforma en Defensa de la ley de Dependencia de Castellón reclama más medios para que las solicitudes de los dependientes se resuelvan en el plazo de los seis meses que marca la ley. Aunque ha aumentado el número de valoraciones al pasar de 12 valoradores que había en época del PP en la Comunitat a 70 solo en Castellón, hace falta que la Administración resuelva con mayor rapidez para dar salida al atasco. Y es que el plazo de resolución oscila entre el año y medio y los dos años. «No sabemos cuál es el problema: si faltan más medios humanos, o materiales, pues, de hecho, siguen faltando recursos para la atención, como plazas en centros ocupacionales o de día; o presupuesto, en el caso de las ayudas», explicó Carmen Santamaría, portavoz de la Plataforma que ayer mantuvo una reunión informativa en Castellón.
Hay 7.159 beneficiarios actualmente, 4.496 están atendidos y 2.663 en el limbo, es decir, a la espera de la ayuda, según los datos correspondientes al mes de febrero facilitados por la plataforma.
COPAGO
Santamaría demandó, además, a la consellera Mónica Oltra que cumpla con el compromiso de resolver de oficio las más de 3.000 reclamaciones por responsabilidad patrimonial del copago declarado injusto e ilegal presentadas en la provincia. Ha transcurrido el plazo legal de seis meses sin que la Conselleria de Oltra haya movido ficha. Por tanto, ante este silencio administrativo, los dependientes tienen dos opciones, o confiar en la promesa que Oltra dio en les Corts de que pagaría, aunque sin decir cómo, o ir al contencioso administrativo, lo cual supone un coste inasumible para la gran mayoría.
Así, Santamaría aventuró que la gran mayoría de dependientes no podrá acudir a la vía contencioso porque, de entrada, ir a este procedimiento judicial supondría un coste de 500 euros, además de tener que recurrir a un abogado, procurador, etc.
Y señaló que habrá que esperar. «No podemos decirles qué hacer, no sabemos si Oltra cumplirá o no con su palabra», indicó Santamaría al respecto.
