La plataforma en defensa de la cruz del Ribalta llevará a juicio la retirada del polémico símbolo, tal y como anunció ayer su presidente, Javier Torres, en declaraciones a Mediterráneo. «Ya hemos contactado con la Asociación Española de Abogados Cristianos, que se encargarán de preparar la demanda», explicó Torres.

Antes de acudir a la justicia, esta misma semana presentarán en el Ayuntamiento las 14.350 firmas que han recabado a través de la web Change.org. «Veremos cómo reacciona el consistorio ante esta cifra tan alta de apoyos al mantenimiento de la cruz, pero tras el anuncio de ayer creemos que el único camino que nos queda es el de los tribunales», sentenció.

Para ellos, se trata de un símbolo cristiano, y no franquista como defiende el equipo de gobierno, que quiere reubicarla en uno de los dos cementerios de la ciudad.

Torres se mostró muy crítico con el gobierno municipal, al que considera «secuestrado por el grupo de Castelló en Moviment,» y del que afirmó que «será recordado como el más beligerante de la historia contra la fe católica».

APOYO A LA MEDIDA

La opinión de la asociación Amigos del Ribalta es diametralmente opuesta. Su portavoz, Juan de la Torre, se mostró «tremendamente satisfecho» por la decisión. «Nos parece muy bien que la cruz desaparezca del parque porque representa la esencia del franquismo, un episodio antidemocrático», explicó. Según su visión, se trata de un símbolo que puede «herir muchas sensibilidades» y que «debe desaparecer de este espacio».

De la Torre cuestionó que las firmas recogidas por la plataforma que defiende el mantenimiento del monumento representen el sentir general de la ciudadanía. «Esta petición la podía firmar gente de toda España, por lo que no sabemos el apoyo real que tiene en Castellón», indicó.

La opinión de estos colectivos es la reacción a la exclusiva de este diario, que ayer publicó que el Ayuntamiento pretende retirar la cruz en 2018, en cumplimiento de la ley de Memoria Histórica. La portavoz del equipo de gobierno, Verònica Ruiz, cree que se trata de una pieza «sin valor artístico y claramente franquista». Asimismo, el consistorio también tiene un informe de Conselleria de Cultura que no ve inconveniente en retirar el monumento, pese a que se encuentra en un parque protegido como Bien de Interés Cultural (BIC).