El pleno municipal del mes de febrero, que se celebra este jueves, no impulsará ninguna declaración institucional, ya que los grupos de la corporación no alcanzaron un acuerdo unánime en ninguna de las cuestiones que se presentaron a la junta de portavoces, celebrada en la mañana de ayer.

A la mesa de negociación llegaron dos propuestas del PP, una del PSPV, una de Castelló en Moviment y otra de este grupo junto a Compromís y PSPV. Los socialistas reiteraban su petición de incorporar a los planes de obras y servicios (Poys) a localidades de más de 20.000 habitantes, y con nacionalistas y asamblearios proponían una defensa de las normas de derecho civil valenciano, vetadas por el Tribunal Constitucional.

El PP presentó una declaración para la compensación del IBI agrario --que quedó a expensas de una revisión para el próximo pleno-- y otra para la defensa del programa experimental plurilingüe que se aplica en el colegio Sanchis Yago y para extenderlo a otros centros, aunque se encontró con el veto de Compromís.

Asimismo, Castelló en Moviment tampoco halló apoyos para su defensa de la libertad de expresión en los términos que utilizó el grupo. H