La Policía Nacional considera acreditada la financiación ilegal del PSPV y el Bloc (al que se refiere como Bloc Compromís). En un informe, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, el primero que se emitió tras la denuncia inicial del PP, considera que estos partidos siguen un procedimiento calcado al de otras tramas para financiar de forma fraudulenta a estas formaciones.

Textualmente: «Como se ha podido acreditar por otras investigaciones de financiación irregular con un procedimiento idéntico, sería esta tercera empresa la que asumiría el importe de la factura (gasto electoral del partido) y la abonaría a la que realmente realizó el trabajo». En este caso se trata de la firma Crespo Gomar, propiedad de Alberto Gomar Pascual, «hijo del que fuera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Gandía en 2009 Antoni Gomar».

Así las cosas, al cruzar diferentes facturas que esta compañía dedicada a la publicidad y comunicación remitió al PSPV de Benidorm, al autonómico y a Bloc-Jove --con los trabajos muy detallados--; con las que también envió a diferentes empresas (recoge físicamente las emitidas a Hospimar 2000, Quick Meals España, Construcciones Blau Verd y Metrovacesa), y de las que «llama la atención la falta de rigor y concreción», el inspector jefe del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Jefatura Superior de la Comunitat Valenciana considera que eran estas últimas compañías las que abonaban trabajos que realmente Crespo Gomar realizaba para las formaciones políticas. Las empresas que pagaban, supuestamente, serían adjudicatarias de diferentes trabajos por parte de la Administración.

Y, para ello, incluso recoge los correos de la apoderada de Crespo Gomar, Lucía Pascual, con diferentes responsables políticos y empresariales para detallar la forma en que se tenían que facturar y cobrar los trabajos.

extendido // Así lo señala para diferentes contratos del PSPV de Benidorm, pero esto «también ocurriría con el PSPV-Valencia». En este sentido, recoge cómo se remitieron facturas al «responsable de finanzas del PSPV-PSOE de la Comunitat, Pepe Cataluña». En este caso apunta que la financiación irregular puede llegar a más de medio millón de euros, aunque reconoce que no ha podido comprobar que concuerdan todas las facturas entre el partido y las empresas que pagaban.

El informe apunta además: «Puede deducirse el mismo funcionamiento entre la empresa Crespo Gomar y el partido político Bloc-Compromís». Y señala al secretario de Comunicación y acción electoral de la formación, Lluís Miquel Campos, como la persona que servía de enlace.

El importe ascendería a 739.217 euros y entre las anotaciones aparecen diferentes actos de campaña en Castellón.

El informe de la policía, fechado a 5 de diciembre del 2016, indica que todas estas acciones sucedieron desde el año 2005 al 2008 y reconoce al final que los hechos «pudieran haber prescrito o estarían próximos a su prescripción». Así sucedería para el delito electoral, aunque no para la prevaricación y la malversación de caudales públicos, que sí se están investigando.

Esta es una de las cuatro ramas que se sigue, contra el PSPV, para determinar si se financió ilegalmente, como recoge la información anexa. Entre las otras se acaba de sumar a los investigados a la cúpula del Ministerio de Vivienda de la era de Zapatero.