La investigación del caso Subdelegación apunta a posibles delitos de malversación, administración desleal y falsedad documental por las presuntas irregularidades detectadas en el uso de dinero para elecciones durante la etapa como subdelegado del Gobierno en Castellón (2007-2011) del exconcejal de Gestión Municipal, Personal y Seguridad Ciudadana en la capital, exdiputado y exportavoz socialista, Antonio Lorenzo.

Relacionadas

Una calificación policial que, en todo caso, debe confirmar o modificar el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Castellón, el magistrado Enrique Marí Farinós, encargado de la causa en la que también interviene la Fiscalía Provincial, en caso de ver indicios de actividad delictiva. El juez instructor, previamente destinado en Sabadell y Moncada, es el titular del juzgado castellonense desde el año 2010.

Lorenzo, exedil del Ayuntamiento de Castellón desde el pasado viernes, reconoció durante el discurso en el que presentó su dimisión de todos sus cargos que había acudido a la comisaría de Policía Nacional a declarar.

BARELLES, TESTIGO

También declaró el pasado año otro subdelegado del Gobierno, David Barelles, cuyas últimas semanas en el cargo se vieron salpicadas por el escándalo de la trama de pitufeo.

El popular solo fue citado como testigo por la policía, no como investigado, y sostuvo que desconocía por completo la manera de operar de los dos funcionarios que, presuntamente, urdieron el plan para enriquecerse.

La trama de facturas falsas de la Subdelegación, destapada la pasada primavera por una funcionaria de la institución, sacó a la luz los recibos irregulares con los que, presuntamente, se lucraron dos habilitados de gastos (uno suspendido temporalmente de empleo y sueldo y otro ya jubilado). Esa misma investigación ha acabado arrastrando al exsubdelegado del Gobierno en Castellón entre los años 2007 y 2011, quien dimitió de todos sus cargos después de ser citado por agentes de la relatada investigación.

FONDOS ELECTORALES

Tal y como publicó ayer este periódico, a través de cientos de facturas investigadas, la policía ha visto indicios de que bajo el mandato de Antonio Lorenzo pudo haber un mal uso de los fondos destinados a procesos electorales. Unos presupuestos que solo pueden utilizarse para fines directamente relacionados con las elecciones y que pudieron emplearse también para otro tipo de gastos corrientes de la institución, tales como albañilería, fontanería, pintura, mobiliario, etc. Además, en caso de existir ese remanente de fondos, debería retornarse a Madrid.

Al parecer, el habilitado de gastos -una función similar a la que desempeña un tesorero--, que fue apartado temporalmente de sus funciones la pasada primavera por su presunta implicación en la trama de pitufeo por facturas falsas, ha señalado a Lorenzo como conocedor de que los fondos electorales se utilizaban también para gastos corrientes en la institución con sede en la plaza María Agustina de la capital.

Autónomos de Castellón han reconocido que modificaron el concepto de facturas emitidas a la Subdelegación para que apareciera el concepto «electoral» en los recibos. Consultados sobre su participación, algunos empresarios han negado que se quedaran dinero y han destacado su colaboración con los investigadores.

Este periódico intentó ayer contactar telefónicamente, sin éxito, con Lorenzo. El exconcejal mantuvo su inocencia en su despedida. «Me voy para defender mi honradez», apuntó.