La Policía Nacional ha detectado gastos anuales de hasta 50.000 euros en comidas durante la etapa de Antonio Lorenzo en la Subdelegación del Gobierno (2007-2011), lo que supone una media de más de 4.000 al mes. Es lo que sucedió, presuntamente, durante el ejercicio del 2009. En otros, el montante oscilaba entre los 30.000 y 40.000, según ha podido saber este diario de fuentes informadas.

Los agentes han localizado documentación que, supuestamente, lo prueba en el marco de la investigación iniciada la primavera pasada a raíz de una presunta trama de pitufeo con la que se enriquecieron dos funcionarios de la institución. Unas facturas, las de esos almuerzos, que examina el Juzgado de Instrucción número 1 de Castellón y que incluyen a comensales que niegan haber asistido a los ágapes, según ha podido saber Mediterráneo.

Es el caso del presidente de la Asociación de Familias de Enfermos de Alzhéimer, Emilio Marmanéu, quien ha sido llamado a declarar como testigo y ha desmentido en comisaría haber compartido mesa con Lorenzo hace aproximadamente diez años.

DECLARACIÓN

Según confirma Marmaneu a este diario, recibió una llamada de la policía a finales de año para acudir a comisaría, donde a mediados de enero le preguntaron por su participación en un almuerzo junto al entonces subdelegado del Gobierno y otros cargos políticos.

El presidente de la entidad social negó, muy sorprendido, que hubiera asistido a una comida con el ya exconcejal de Gestión Municipal, Personal y Seguridad Ciudadana, con el que dijo no había compartido nunca mantel. No era, al parecer, el único miembro de la asociación que aparecía en esa factura, aunque según Marmaneu ningún integrante de la entidad que preside fue.

En numerosos recibos que están ahora en el punto de mira se hace alusión, al parecer, a comidas con «alcaldes» o «diputados», sin especificar nombres. Sin embargo, el cargo como presidente de una entidad social facilitó la identificación de Marmanéu, que lo ostenta desde hace años.

DINERO PARA ELECCIONES

Esta nueva rama de la investigación se suma a las indagaciones policiales sobre un posible mal uso de dinero para elecciones en la Subdelegación del Gobierno en Castellón. Como avanzó este periódico en exclusiva el martes, los investigadores vieron indicios de que, entre los años 2007 y 2011, presuntamente se disfrazaron gastos corrientes como costes vinculados a elecciones.

Así lo han admitido autónomos que emitieron facturas de servicios de albañilería, pintura, mobiliario u otras cosas como otros vinculados a elecciones.

El exsubdelegado David Barelles, que declaró como testigo ante la policía, y el PPCS han afirmado estos días que Calles y Lorenzo «gastaron 400.000 euros en dietas y desplazamientos y 128.000 en gastos protocolarios, mientras que su sucesor en el cargo gastó 22.000 y 16.000».