Bajo el mandato en la Subdelegación del Gobierno del hasta el pasado viernes concejal de Gestión Municipal, Personal y Seguridad Ciudadana, diputado provincial y portavoz del PSPV en la Diputación, Antonio Lorenzo, hubo, según fuentes cercanas al caso, un posible mal uso del dinero del Estado destinado a elecciones.
Durante la etapa en la institución de uno de los hombres fuertes del PSOE en la capital (2007-2011) se cometieron, supuestamente, irregularidades en la gestión de la partida dedicada a procesos electorales, que únicamente permite invertir dicho presupuesto en cuestiones que estén estrictamente vinculadas a los comicios y que, además, obliga a devolver el remanente a los diferentes ministerios.
Al parecer, el tesorero que fue apartado temporalmente de sus funciones el pasado año por su presunta implicación en la trama de pitufeo por facturas falsas --investigación de la que emana la actual-- ha señalado a Lorenzo como conocedor de que los fondos electorales se utilizaban también para gastos corrientes.
Según ha podido averiguar Mediterráneo, los investigadores ven indicios de que durante el mandato de Lorenzo más de una veintena de autónomos de Castellón emitieron facturas por servicios relacionados con las elecciones que en realidad nunca se prestaron. Todo apunta a que, presuntamente, la institución enmascaró gastos en albañilería, fontanería, pintura, iluminación o mobiliario e hizo pasar desembolsos corrientes como electorales para poder aprovechar una partida cuyo dinero sobrante tenían que reintegrar después.
LOS AUTÓNOMOS LO ADMITEN
Consultados algunos de los empresarios implicados, aseguran que ellos no se quedaron «con ningún dinero» e inciden en que han colaborado «en todo momento» con la investigación que dirige la Policía Nacional, habiendo prestado declaración y reconociendo que, a petición de la Subdelegación del Gobierno, cambiaron el concepto real de los servicios prestados en las facturas.
El Juzgado de Instrucción número 1 de Castellón es el encargado del caso y estudia toda la prueba documental que ve indicios contra Lorenzo, quien presentó el viernes su dimisión de todos sus cargos tras haber declarado ante la policía, como él mismo reconoció en su despedida.
En estos hechos estaría también implicado el tesorero que está suspendido de empleo y sueldo desde que culminó la primera parte de la investigación por la trama de pitufeo, en la que se descubrió que él y otro habilitado (ya jubilado) se enriquecieron, presuntamente, con la tramitación de facturas falsas para pasar sus gastos personales como de la Subdelegación durante la etapa en la que David Barelles (PP) estuvo al frente de la institución.
Este último negó en su declaración como testigo tener conocimiento alguno de las supuestas tretas para enriquecerse de los funcionarios. De hecho, no está investigado por esta causa.
PRIMERA TRAMA DETECTADA
Una funcionaria destapó la trama durante la primavera del 2018. Se dio cuenta de que, entre otras cosas, llegaban facturas de gasolina de coches oficiales que llevaban meses parados. Esa fue la primera facturación sospechosa, pero no la única. Puso los hechos en conocimiento de la policía y comenzaron a examinar numerosas facturas desorbitadas de bombillas, albañilería o tinta para impresoras, por ejemplo. Entre los casos más llamativos, el de una Play Station que fue adquirida y facturada como una gran cantidad de tóner. Los recibos, que iban desde 100 a 2.000 euros, rozan el millón de euros en total.
LA POSTURA DE LORENZO
Quien fue subdelegado del Gobierno entre el 2007 y el 2011 dimitió el viernes y en su despedida dijo: «Me voy para defender mi honradez». «Desconozco los detalles de ese procedimiento aunque, tras haber declarado ante la policía hace unas semanas, puede quedar cuestionada la gestión de determinados trámites administrativos en la Subdelegación en esas fechas», añadió Lorenzo, arropado por el equipo de gobierno.
El juez instructor debe decidir ahora si imputa a Lorenzo, ya investigado policialmente.
