El Partido Popular quiere que el pleno del Ayuntamiento de Castellón apruebe un acuerdo en defensa de la caza. Y para ello ha presentado una declaración institucional en la que pretenden que se reconozca «el valor estratégico del sector de la caza y de quienes la practican, por su contribución a la creación y mantenimiento de empleo, a frenar el despoblamiento rural y al crecimiento económico, así como por su compromiso con la conservación de la biodiversidad», argumentan fuentes de la agrupación.
La concejala Salomé Pradas califica esta práctica como «una actividad económica legítima, necesaria para el interés general». Tanto es así que, en el documento planteado por el grupo municipal instan «al Gobierno de España a que proceda a la urgente elaboración y publicación de la estrategia nacional de gestión cinegética como marco orientativo y de coordinación para la ordenación a escala nacional del aprovechamiento cinegético, convocando a las autonomías y a todos los sectores que están afectados».
Para defender sus argumentos, Pradas aporta datos de la Fundación para el Estudio y la Defensa de la Naturaleza y la Caza y de la Real Federación Española de Caza, que destacan la existencia de 332.000 cazadores federados y la expedición de 800.000 licencias anuales. También destaca una cifra publicada por la consultora Deloitte sobre el impacto de la caza en el PIB: un 0,3%.
