El Gobierno y la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) acordaron ayer que la cotización de las prácticas externas universitarias no sea obligatoria hasta el próximo curso 2019-2020.
Así lo manifestaron ambas instituciones en sendos comunicados tras la reunión mantenida en la que las dos partes se comprometieron a desarrollar esta norma en tres meses mediante el diálogo.
Con esta medida, el Ejecutivo pretende «favorecer la actividad académica de universidades y estudiantes», con el objetivo de que los centros no soporten gastos añadidos y que los alumnos ganen en derechos de protección social.
Es una decisión que aplauden los rectores, dado que valoran muy positivamente la «predisposición» del Gobierno a que los centros académicos tengan que asumir todavía más costes por su aplicación.
Además, el Ejecutivo destacó que este decreto ley mejorará «la transparencia y la eficiencia» de las empresas que contraten y formen a estudiantes universitarios.
De esta forma, ambos organismos aseguraron que la norma no entrará en vigor hasta el próximo curso y que en la próxima reunión, que se celebrará en un plazo aproximado de unas dos semanas, estudiarán un informe elaborado por la CRUE acerca de las prácticas académicas en las distintas titulaciones.
En la reunión, celebrada en las instalaciones del Ministerio de Ciencia, participaron también representantes del departamento de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
