El PP ha reactivado la mecha de la polémica en la educación con duras críticas al nuevo decreto de plurilingüismo de la Generalitat, presentado por el conseller Vicent Marzà y el secretario autonómico Miguel Soler,

que prioriza el valenciano y el inglés en una sola línea trilingüe para todos los centros.

Mientras las familias tienen “dudas”, el PP lo califica de “chantaje a los padres y profesores, imponiendo el valenciano para que se certifique un buen nivel de inglés”, y estudia ya impugnar la normativa, anuncia movilizaciones en Castellón, Valencia y Alicante, y no descarta llevarlo a los tribunales. Lo dijo ayer la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, que calificó de “sectario” y de “muestra del rodillo ideológico” de la izquierda. “Resta oportunidades a los hijos de escuelas públicas, que pasarán a ser de primera y de segunda, por niveles”, criticando que “el Pacto por la Educación de Ximo Puig son palabras que se lleva el viento”. La portavoz de Educación, Beatriz Gascó, manifestó: “La imposición del valenciano llega a extremos que no nos podíamos imaginar y el intervencionismo es peligroso porque lleva al adoctrinamiento más allá de cuestiones lingüísticas”.

En Castellón capital, además, la portavoz del PP, Begoña Carrasco, criticó que “finiquita los modelos superplurilingües como el Sanchis Yago o el José Soriano, discriminando a los que estudien en castellano y creando escuelas de primera y de segunda”.

El portavoz de Ciudadanos, Alexis Marí, por su parte, mostró su “preocupación” por la posibilidad de que el decreto sea un “sistema camuflado de inmersión lingüística, o disfrace un castigo al castellano imponiendo el valenciano a través del inglés”.

En la otra cara de la moneda, y mientras el conseller aseguró en Alicante que “no hay ninguna intención de eliminar la exención del valenciano en las zonas castellanoparlantes”, el portavoz socialista, Manuel Mata, destacó que “con el borrador empieza la era del auténtico plurilingüismo”. “Nunca se ha dado más libertad a las familias y a los centros para elegir y apostar por lo que quieren para sus hijos”, contraponiendo el nuevo decreto al del PP.

Desde Compromís, Josep Nadal aseguró que el decreto supone “un tiempo nuevo y de modernización” educativa; mientras que Sandra Mínguez, de Podemos, explicó que “respeta las zonas geográficas y da autonomía a los centros”, aunque discrepa de que en la escuela concertada sea el centro el que elija y no los padres.

“ES DELICADO” // En paralelo, genera “muchas dudas” entre las familias, que ven “difícil” la nueva clasificación de centros y piden “más información”. La presidenta de FAPA Castelló, Silvia Centelles, definió el texto como “delicado”. “Es positivo por impulsar el valencià y el inglés, que no están donde deberían --dijo-- y dar voz y voto a las familias”, pero “con muchas incógnitas”. Por ello, estudiarán “el texto y las alegaciones pertinentes”. Lo mismo que los directores de Primaria. Su portavoz en Castellón, Alejandro Badenes, señala que “habrá enmiendas con propuestas de mejora”, sin concretar. “Aún lo estamos estudiando”, apostilló. H