El grupo popular en la Diputación defenderá la libertad de las familias para elegir «el centro educativo que consideren más oportuno para sus hijos». Bajo esta premisa, el portavoz del PP, Vicent Sales, anuncia la presentación de una moción que pretende poner freno al cierre de los colegios de Educación Especial programado por el gobierno del PSOE a través de la ley Celaá.

Ese anteproyecto establece que, en un plazo de diez años, entre el 2020 y el 2030, los centros de Educación Especial irán cerrando en favor de la inclusión de los alumnos con discapacidad intelectual en otros ordinarios. «Nosotros defendemos el derecho de las familias a elegir y, como señala la plataforma de familias y docentes que se ha creado a nivel estatal, creemos en la inclusión, sí, pero también en la Educación Especial», dice Sales. Este movimiento ciudadano que agrupa a padres con hijos con discapacidad intelectual y a docentes reclama la libertad para poder elegir la mejor opción para sus hijos. «Y ese es precisamente el espíritu de nuestra moción, que sean las familias, con el apoyo de profesionales y especialistas, las que evalúen qué centro se adapta mejor a las necesidades de sus hijos», prosigue.

Este derecho «no se puede vulnerar y mucho menos aprovechar un estado de alarma para tramitar cierres», dice Sales, argumentando la tesis que defenderán en la Diputación.