La diputada provincial del PP Elena Vicente-Ruiz denunció ayer lunes que la Diputación de Castellón va a obligar ahora «al 90% de localidades a financiar parcialmente los equipos sociales base» de servicios que, hasta el ejercicio pasado, «subvencionaba al 100% la Generalitat valenciana».
La medida, indicó, fue comunicada por la institución provincial la pasada semana, forzando «a muchas poblaciones que ya tenían aprobado el presupuesto a modificar los créditos del departamento para prever un gasto sobrevenido, que la Diputación no comunicó el pasado diciembre a los ayuntamientos», detalló.
«Se trata de 121 poblaciones de menos de 6.000 habitantes que hasta el pasado año no pagaban ni un euro por una prestación que financiaba el Consell y ahora, al pasar a manos de la Diputación, les toca costear una parte de los gastos», lamentó Vicente-Ruiz.
Para la diputada «es una muestra más del castigo del PSPV a esta provincia». «Está claro que en lugar de defender y proteger las inversiones, se dedica a atacarlas y a castigarlas con la financiación de prestaciones sociales que eran de competencia directa del Consell», añadió.
