El grupo del PP en Les Corts,exigió la dimisión del conseller de Educación, Vicent Marzà, «por chantajear a las familias y desobedecer a la justicia», y pidió a la vicepresidenta, Mónica Oltra, más explicaciones sobre «qué ocurrirá con el pluringuilismo».
La portavoz popular de Educación, Beatriz Gascó, afirmó que el tiempo de Marzà «se ha acabado» y acusó al responsable autonómico de Educación de «reírse de la comunidad educativa y de los tribunales».
A su juicio, el dirigente de Compromís «ha estado chantajeando a las familias y a los centros y ha vulnerado derechos fundamentales; además de que ha estado incumpliendo un auto judicial, es decir, desobedeciendo a la justicia».
La diputada popular señaló al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y su vicepresidenta como «los cómplices de Marzà» y les requirió explicaciones urgentes, «después de que le hayan apoyado en tantas ocasiones».
Asimismo, recordó que la sentencia afirma que el decreto «carece de justificación y por ello resulta irrazonable y desproporcionado», algo que para Gascó hace evidente que las manifestaciones del PP en los últimos meses estaban «cargadas de fundamento».
Y atacó los argumentos del escrito que firmaron el propio Marzà y el secretario autonómico, Miquel Soler, que para Gascó son «una completa vergüenza».
STEPV PIDE APLICAR LA NORMA // Por su parte, el sindicato mayoritario entre los trabajadores de la educación, STEPV, aseguró ayer que el decreto se tendría que aplicar «con normalidad» a partir del curso siguiente, pues a su entender es «totalmente legal» exceptuando la disposición adicional quinta. En este sentido, el colectivo sindical afirma en un comunicado que instará al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana a levantar las medidas cautelares que mantienen la normativa paralizada, pues «no entran en el fondo del asunto».
