El Partido Popular de Castellón, a través de sus alcaldes, reclama que el Estado abone el pago de las futuras canalizaciones de las desaladoras hacia otros municipios del Consorcio de Aguas. El primer edil de Moncofa, Wenceslao Alós, detalló que, además «del coste de las propia desaladora, debería asumir los costes que generaría que una localidad vecina quisiera engancharse a esta infraestructura».
La formación insiste en reclamar que el Gobierno se encargue de los 116 millones de euros de las instalaciones. Una factura que deben pagar Moncofa, Xilxes, Benicàssim, Orpesa y Cabanes. Alós mencionó que las administraciones locales «no tenemos la capacidad de asumirlo», y destacó que los preacuerdos firmados en el 2008 «no son válidos, porque nada tiene que ver el planeamiento previsto entonces que ahora», al haber cambiado las perspectivas de crecimiento y desarrollo.
