La pugna por el Hospital Provincial centrada en las responsabilidades de pago del acelerador lineal entre Generalitat y Diputación volvió ayer a escenificarse en el pleno de la institución provincial, en el que el PP y oposición usaron de nuevo el equipo médico como arma arrojadiza. Mientras, todos los grupos aprobaron por unanimidad que el equipo de emergencias (CICU) se quede en Castellón, si bien con no pocos matices.

El equipo de gobierno popular aprobó en solitario --con la abstención de Ciudadanos (C’s) y el voto en contra de PSPV, Compromís y Castelló en Moviment (CSeM)-- su moción por la que exige a la Generalitat que ingrese al Provincial “los 5,7 millones de euros que está negando a los castellonenses”. Por su parte, las iniciativas de socialistas y Compromis de reclamar al presidente Javier Moliner que “cumpla su compromiso” y “pague el 50% del acelerador lineal” fueron rechazadas por el PP, C’s se abstuvo y solo contaron con los sufragios de sus promotores.

En el debate de las tres propuestas, que fue conjunto y tuvo momentos que rozaron lo bronco, se reiteraron parte de los argumentos esgrimidos en las últimas semanas y basados en el cruce de acusaciones de incumplimiento.

REFERENTE // El portavoz del grupo popular, Vicent Sales, defendió que la singularidad del Consorcio ha convertido al Provincial en un referente en calidad asistencial y reclamó que la Generalitat “no ponga en peligro ese servicio”.

Aseguró que “la Conselleria no ha puesto ni un chavo para el acelerador”, del que dijo que “está licitado y adjudicado porque la Diputación sí ha puesto el dinero”. De la consellera de Sanidad, Carmen Montón, dijo que “le importa un pimiento el Hospital Provincial y el acelerador”.

Añadió que está actuando como “ariete del PSPV” y aseveró que “detrás está un continuo ataque a Castellón”, ya que “dan al Consorcio de Valencia lo que niegan aquí”. Por su parte, el portavoz socialista lamentó que “la Diputación no haya puesto ni un euro propio cuando podía invertir parte de los 46 millones de remanente de la institución”, y achacó al equipo de gobierno querer “apuntarse un tanto” con dinero que sabía que vendría del Ministerio desde junio del 2015.

El portavoz de Compromís, Xavier Trenco, acusó a Moliner de “marear la perdiz” desde septiembre, cuando “se comprometió a pagar el 50% del acelerador”. Cristina Fernández (C’s) reprochó el desacuerdo e instó a gobierno provincial y autonómico a resolver el tema. Sí hubo unanimidad al aprobar la propuesta popular de exigir al Consell no suprimir el equipo de emergencias en Castellón, si bien PSPV y Compromís dijeron no tener noticias de que fuera a eliminarse. H