Cargos del Partido Popular mantuvieron una reunión para alertar de su preocupación por el efecto de las desaladoras de Castellón. Los alcaldes y portavoces trasladaron a los parlamentarios nacionales su temor, ya que, tal y como advirtió el primer edil de Moncofa, Wences Alós, «el acuerdo impuesto por el PSOE hipoteca el futuro de los cinco municipios afectados», que son el suyo además de Xilxes, Orpesa, Cabanes y Benicàssim.

Consideran que el gasto es inasumible «y el Gobierno debe implicarse y tomar medidas». Pusieron de manifiesto la intención del Ejecutivo central de que sean los ayuntamientos los que paguen las obras (106 millones de euros solo en el caso de la provincia), lo que es «un grave perjuicio», puesto que el agua «se destina no solo a los vecinos de las localidades en las que están las plantas desaladoras».

Los alcaldes consideran que el Estado debe asumir el gasto, como en Cataluña, donde se pagó hasta el 80%. Las ciudades firmaron un preacuerdo en el 2008 con Acuamed, ya que en caso de no hacerlo no podían solicitar licencias de obra o instalar nuevas empresas. «La realidad del 2020 es muy distinta, ya que el proyecto de entonces contemplaba un crecimiento urbanístico irreal», puntualizaron.