Los cambios del código de buen gobierno del Ayuntamiento de Castelló ya tienen fecha. Será en el pleno del 19 de diciembre, que se adelantará unos días con motivo de la Navidad. La portavoz del grupo municipal del Partido Popular, Begoña Carrasco lo calificó ayer como «un atropello a los derechos de la oposición», e insinuó que la rapidez a la hora de desarrollar los trámites se debe a una posible investigación judicial.

«No sabemos qué prisa tienen», subrayó la representante del PP sobre los dirigentes del consistorio, para añadir que el equipo presidido por la alcaldesa Amparo Marco «ha optado por blindar su permanencia en el gobierno ante posibles imputaciones».

El documento que sigue en vigor, aprobado en el 2015, establece unas medidas muy estrictas para los ediles gobernantes sometidos a investigación judicial. Para Carrasco, «se hizo diseñado para atacar al Partido Popular», pero vio la luz «tras un año de trabajo y con los votos de los 27 concejales». Desde entonces, las personas elegidas en las urnas lo han firmado. Un texto que afectó de lleno a la vicealcaldesa en la anterior legislatura, Ali Brancal, por lo que Marco le retiró sus atribuciones, al negarse la edila de Compromís a dimitir tras resultar investigada debido al conocido caso de los sobres, que fue recientemente archivado.

POSTURA / El PP justifica su voto en contra de la derogación del código ético propio y la adaptación de las normas procedentes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). La portavoz valora que las futuras resultan «excesivamente laxas», ya que con la nueva propuesta, «pase lo que pase, no implica ninguna consecuencia sobre el estatus de la alcaldesa y los concejales del equipo de gobierno».