El Partido Popular ha registrado ya una petición en el Congreso y en el Senado para que el Gobierno central asuma el coste de las desaladoras de Castellón. Tal y como detalló ayer jueves el diputado nacional Óscar Clavell, dentro del texto se incluye la petición de que no sean los ayuntamientos los que tengan que abonar este coste por «inasumible», ya que «tal y como nos han trasladado los alcaldes y portavoces afectados, el coste de estas infraestructuras es inviable que lo tengan que pagar los ayuntamientos afectados». Es decir, Benicàssim, Orpesa del Mar, Cabanes, Moncofa y Xilxes.
«No es justo que en Cataluña el Estado haya asumido este coste de más de 106 millones de euros y, en cambio, en la Comunitat Valenciana la tengan que pagar los municipios», añadió. Clavell tilda de «leoninas» las condiciones que impone el Estado, que pueden suponer «la ruina» para los ayuntamientos afectados.
