Los algo más de 126.000 pensionistas de Castellón cobraron hace apenas tres días una minipaga por un valor medio de unos 108 euros. Se trata de la actualización de las prestaciones incluida en los Presupuestos Generales del 2018, que supone un incremento de las pensiones del 1,6%, frente al 0,25% que se aplicó en el mes de enero. Como tiene un carácter retroactivo, esos atrasos han supuesto en la provincia una inyección global de 13,7 millones de euros y a partir del mes de agosto ya se aplicará la subida del 1,6%. Para los que cobren una pensión mínima y para unas 8.000 viudas el alza será un poco más alta.

Ese incremento de las pensiones a partir de este agosto, fruto de las movilizaciones que protagonizaron los jubilados de todo el país la pasada primavera, supondrá para la mayoría del colectivo entre 10 y 15 euros más al mes, aunque hay jubilados (los que perciben lo máximo que permite la ley) cuyos ingresos aumentarán en unos 30 euros.

Los pensionistas de Castellón cobrarán un poco más, pero hay una cruz. Y es importante. En la práctica, esa subida se quedará en casi nada y será así por el comportamiento de los precios. La inflación sigue escalando en la provincia y en el mes de junio se incrementó otro 0,2%, con lo que el IPC acumulado en los últimos doce meses se sitúa en el 2,4%, una décima más que en el conjunto nacional, que es el 2,3%, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Que en la provincia los precios se hayan incrementado un 2,4% en los últimos doce meses significa que se van a comer el alza de las pensiones, que es del 1,6%, por lo que todo apunta a que los pensionistas de Castellón van a volver a perder capacidad de compra. Los únicos que van a quedar a salvo son los que perciben una paga de viudedad o una pensión mínima.

La culpa del subidón de los precios la tienen los carburantes, que se están encareciendo a un ritmo notable. En el último año el transporte (donde se incluye el diésel y la gasolina) ha aumentado en Castellón un 6,9% y podría crecer todavía más si el Gobierno finalmente establece un impuesto al diésel. La otra casilla que empuja fuerte el IPC es la de vivienda, que sube hasta el 2,8%, por el encarecimiento de la luz y el alquiler. Los alimentos, las bebidas y los restaurantes y hoteles también se han encarecido por encima del 2%. Lo único que ha bajado (algo es algo) son los muebles y los artículos para el mantenimiento del hogar.

Los precios siguen sin dan tregua y si el Gobierno que lidera Pedro Sánchez quiere cumplir con su promesa de subir las pensiones de acuerdo al incremento de los mismos deberá volver a revisarlas a final de este mismo año y pagar otra vez los atrasos en el caso, más que probable, de que el IPC siga elevándose.