El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer el nuevo decreto-ley que regula el trabajo a distancia, que entrará en vigor dentro de 19 días, según consta en el texto de la norma. Se pretende de esta manera normativizar todo lo que rodea a esta modalidad laboral, en alza a consecuencia del covid. Sin embargo, no se prevé que se generalice tanto en la provincia, a consecuencia de un modelo productivo y económico que no favorece la no presencialidad.
Coinciden en esta valoración tanto los empresarios como los sindicatos, estos últimos implicados en la elaboración de la norma. El representante de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) en Castellón, Sebastián Pla, considera «complicado» implantar el teletrabajo «en una provincia donde predomina la industria manufacturera, el sector servicios y la agricultura». «El hecho de que nuestras empresas sean mayoritariamente pymes dificulta que las puedan elegir esta opción si además aumenta sus costes», incide, en referencia al abono al trabajador de los gastos derivados de la actividad.
De urgencia
Esto no significa que la CEV esté en contra de esta modalidad, «una opción de futuro que se adapta a los nuevos tiempos y formas de trabajo» que «ha venido para quedarse, por lo que era necesaria su regulación». Pero Pla sí critica el «carácter de urgencia con el que se ha tramitado, con la negociación de los ERTE encima de la mesa y con muchas familias pendientes de la decisión».
Otras fuentes empresariales consultadas, como Lola Guillamón, también presidenta de la Cámara de Castellón, coinciden en que «en caliente no se pueden tomar estas medidas» y que existe el peligro de que «se pierdan puestos de trabajo, en favor de la modalidad de autónomos».
El secretario general de UGT en Castellón, Francisco Sacacia, manifiesta que el impacto del teletrabajo «va a ser aquí mucho menor». «Se va a utilizar mucho en territorios con empresas grandes, relacionadas con las telecomunicaciones, como Madrid, Barcelona o Valencia. Pero es bueno que esté regulado el tema», señala.
Su homólogo en CCOO, Albert Fernández, considera aún «escaso» el porcentaje de personas que trabajan desde sus domicilios en la provincia, pero defiende la necesidad de regular una modalidad que en la Unión Europea «hace tiempo que está instaurada».
Voluntario
La ley determina que el trabajo a distancia será voluntario y reversible, y que requerirá la firma de un acuerdo por escrito, que podrá formar parte del contrato inicial o realizarse en un momento posterior, sin que esta modalidad pueda ser impuesta.
Los empleados que trabajen a distancia tendrán los mismos derechos que los presenciales y no podrán sufrir perjuicio de sus condiciones laborales, incluyendo retribución, estabilidad en el empleo, tiempo de trabajo, formación y promoción profesional.
Asimismo, la negativa de un empleado a trabajar a distancia, el ejercicio de la reversibilidad al trabajo presencial y las dificultades para el desarrollo adecuado de la actividad laboral a distancia, exclusivamente relacionadas con el cambio de una prestación presencial a otra que incluya trabajo a distancia, no serán causas justificativas de despido ni de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, tal y como determina la normativa.
