Las asociaciones de consumidores y los abogados prevén gestionar en las próximas semanas una «avalancha» de demandas ante la Agencia Tributaria y la justicia para la devolución del impuesto sobre actos jurídicos documentados, después de que el jueves el Supremo sentenciara que era potestad de los bancos asumir esos costes. No obstante, ayer el alto tribunal abrió la puerta a revisar ese mismo fallo debido a su «enorme repercusión económica y social».

A la espera de lo que pueda decidir la sala tercera del Supremo, cuyos 31 jueces se reunirán en los próximos días para decidir si dan marcha atrás, las primeras consecuencias de la sentencia (que sigue vigente) ya se dejaron sentir ayer en Castellón. La delegación provincial de la Unión de Consumidores de España (UCE), que dirige Juan Carlos Insa, recibió las primeras peticiones de información de usuarios interesados en presentar reclamaciones.

Lo mismo ocurrió en los despachos de abogados. El bufete Martínez Sanz recomendaba presentar demandas por ingresos indebidos ante Hacienda en aquellos casos --11.000 en Castellón-- en los que la hipoteca tenga una vigencia inferior a los cuatro años.

COLAPSO JUDICIAL // No obstante, los ciudadanos cuyos préstamos para la adquisición de una vivienda sean más antiguos deberán cursar sus reclamaciones contra las entidades bancarias por «enriquecimiento injusto» y tendrán que hacerlo por vía judicial.

Es por ello que Insa dice temer que el juzgado de instrucción número 6 de Castellón, único habilitado para este tipo de causas, «se colapse definitivamente». Este tribunal se encarga de resolver contenciosos derivados de las tasas hipotecarias desde que el Supremo inició el «debate doctrinal» sobre a quién correspondía el pago de la tasa y, según el delegado de la UCE, «ya están señalando para mediados del 2020». Ante esta tesitura, exige al Consejo General del Poder Judicial que reparta los nuevos casos en todos los juzgados de la provincia (más información en la página 52).