La Audiencia Provincial de Castellón, que decidió recientemente suspender por la crisis del coronavirus el juicio contra el entrenador de gimnasia de Betxí acusado de abusos y sacarlo de prisión provisional, ha estimado parcialmente el recurso interpuesto por las acusaciones y acepta una de las solicitudes planteadas: la prohibición al procesado, Carlos F.C., de vivir y transitar por la provincia, una vez concluya el estado de alarma y hasta que se celebre el juicio.
Tras conocer la excarcelación del acusado y las medidas cautelares impuestas (una fianza de 10.000 euros, retirada de pasaporte, prohibición de salida de su domicilio durante el estado de alarma y orden de alejamiento, entre otras), la Fiscalía argumentó en su escrito al tribunal que la localidad de Betxí, con apenas 21 kilómetros y unos 5.000 vecinos, dificultaba seriamente el cumplimiento del alejamiento. El Ministerio Público incidió en que cabía la posibilidad de que fueran las propias víctimas quienes cumplieran con el encierro para evitar encontrarse con el preparador físico y también conserje.
PARA PROGETER A LAS VÍCTIMAS
El tribunal, que mantiene su decisión de puesta en libertad de Carlos F.C --basada en el largo tiempo que lleva preso y en que no se sabe cuándo podrá celebrarse su juicio--, sí ha tomado la decisión de vetar su acceso a Castellón tras el levantamiento del estado de alarma como consecuencia de la pandemia «con la finalidad «de proteger a las víctimas y evitar situaciones conflictivas por su misma residencia en una población pequeña», según reza el auto al que ha tenido acceso Mediterráneo. Los magistrados hacen referencia también a que el procesado residirá en un municipio de la provincia de Barcelona y que será en el juzgado de esa localidad donde deberá comparecer semanalmente para firmar.
La puesta en libertad de Carlos F.C. ante la suspensión de su juicio por la crisis sanitaria no estuvo exenta de polémica. Los magistrados refirieron que no había garantías de seguridad para celebrarlo. Además del malestar de las víctimas y su entorno, la propia consellera de Justicia, Gabriela Bravo, dijo sentir «estupor» y prometió que pondría las medidas que fueran necesarias para hacer el juicio. «De ninguna manera podemos aceptar que se deje libre a un presunto agresor de menores», sentenció Bravo. De momento, el caso de presuntos abusos no tiene fecha.
