El estudio de impacto ambiental y los distintos documentos técnicos para prolongar la CV-10 entre Vilanova d’Alcolea y la Jana establecen un periodo de ejecución de las obras de 30 meses. En la documentación, a la que ha tenido acceso este periódico, consta así que, los diferentes trabajos (como explanaciones --uno de los más prolongados--, de drenaje, firmes, estructuras, señalización, etc.) tendrán una duración mínima de dos años y medio.

Eso sí, ninguno de los cuatro documentos que han salido a información pública (el Boletín Oficial del Estado publicó el sábado este trámite, que durará 30 días hábiles desde el lunes) incluye cuándo pueden comenzar estas obras, algo que sí suelen recoger los proyectos constructivos, como sucede con el de la mejora de la N-232 en el puerto de Querol.

Y es que todavía resta un buen trecho en la tramitación de esta infraestructura. De hecho, aún debe obtener la aprobación de la declaración de impacto ambiental e incluirse esta en los proyectos constructivos que se encuentran en redacción (y de los que son parte este estudio ambiental y los documentos técnicos).

Cuatro años para la obra

Así las cosas, el director-gerente de la Cámara de Contratistas de la Comunitat Valenciana (que integra a las grandes empresas constructoras radicadas en el territorio autonómico), Manuel Miñés, afirma que, para la licitación de las obras, todavía falta «como mínimo cuatro años». Y a ellos se tendría que sumar a posteriori el periodo de adjudicación y también el de formalización del contrato antes de comenzar los trabajos, que como se ha dicho durarán al menos dos años y medio.

Con ello, no sería antes del 2025 cuando la autovía hacia el norte estuviese concluida. Y todo ello a expensas de que haya «dinero y voluntad política» que permita materializar la infraestructura, afirma Manuel Miñés.

Parálisis hasta el 2016

No en vano, al director-gerente de la Cámara de Contratistas de la Comunitat no se le escapa que la tramitación de la obra --que, como en todas las carreteras, «siempre es muy larga»-- se ha visto perjudicada por la suspensión de la redacción de los proyectos constructivos durante siete años. Después de que el 20 de enero del 2009 la Demarcación de Carreteras del Estado la autorizase, «debido a la coyuntura económica ha estado suspendida y es en el 2016» cuando se ha reactivado, recoge el estudio de impacto ambiental.

Esto incluso ha provocado que aumente el coste de la obra, que se estima en 349,7 millones. «El tiempo transcurrido desde la Orden de Estudio (enero 2009)», la redacción de los documentos técnicos «y la inclusión de actuaciones no previstas inicialmente, ha incrementado la previsión del presupuesto», dice el estudio.