La consellera de Obras Públicas, María José Salvador, informó ayer de que el Consell se enfrenta a una hipoteca urbanística del anterior gobierno del PP de 316 millones de euros por reclamaciones de propietarios y promotores en los tribunales por la anulación de planes urbanísticos.

Según explicó Salvador en una rueda de prensa, esta cantidad, que es posible que aumente, corresponde a reclamaciones de 60 propietarios o promotores por la anulación de 20 planes urbanísticos aprobados por el anterior Consell sin informes de las confederaciones hidrográficas ni evaluaciones ambientales.

Para Salvador, este es el resultado de la «nefasta» y a veces «negligente» gestión del Partido Popular en materia urbanística, que ha llevado a que los propietarios afectados hayan presentado reclamaciones patrimoniales en los tribunales por la anulación de planes y la disminución del valor de sus terrenos.

Entre las reclamaciones figuran, entre otros, los 23.445.252 € en Vilafamés por la sentencia que ratifica la aprobación del PGOU que no permite usos mineros. Y en Castellón una cuantía pendiente de determinar por la anulación que reclasificaba y ordenaba el sector 24 por estar anulado el PGOU. H