Impotencia y resignación. Es lo que han sentido los propietarios de un piso ubicado en la calle La Esperanza de Burriana tras vivir en sus propias carnes el tortuoso calvario judicial al que se han visto abocados tras un año de impagos por parte de su arrendataria. Y si esto no era suficiente, al entrar en su piso después de recibir la autorización de desahucio pertinente comprobaron que la inquilina había estado acumulando grandes cantidades de basura que han tenido que retirar ellos con sus propias manos.
La propietaria, Mari Carmen Corzo, explicó que al ver la vivienda por primera vez «me dieron ganas de llorar de la impotencia porque esta es mi casa que he cuidado con mucho cariño durante años y ver como se ha quedado me dio mucha tristeza». La suciedad acumulada ha sido la puntilla final pero los inconvenientes comenzaron mucho antes cuando la inquilina acumuló un año de impagos de alquiler.
Difícil situación
La dueña explicó que en enero del año 2019 empezó a fallar en el pago de la cuota mensual y que esta situación se prolongó hasta diciembre. Decidieron actuar por vía judicial y comenzar el procedimiento de desahucio contratando los servicios de un gabinete de abogados. En enero de 2020 llegó la autorización para el desalojo pero los propietarios no pudieron acceder a la vivienda porque en este tipo de procesos es necesario reciben la comunicación pertinente e ir acompañados por un secretario judicial y un cerrajero.
La autorización llegó para marzo, pero la implementación del estado de alarma cambió los planes y retrasó el acceso al piso hasta la semana pasada.
Y al abrir la puerta el panorama con el que se encontraron era desolador: basura por doquier, insectos, muebles que irán directos al contenedor y electrodomésticos inservibles. Mari Carmen manifestó que «los vecinos nos llamaban alarmados porque sentían un fuerte olor de nuestra vivienda y cuando entramos lo comprendimos». Ahora se preguntan quién se hará cargo de este saldo negativo que ha dejado tras de si la inquilina. La hija de la propietaria, Ana Medina, confesó que «si esta situación la hemos hecho pública es porque queremos que se apoye más a los propietarios porque nos sentimos desamparados» alegando que van a ser sus padres los que van a tener que hacerse cargo de los gastos que conllevará dejar el piso en las condiciones originales.
«Queremos que si no se cambia la ley, al menos se penalice este tipo de conductas» puntualizó.
