La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas no solo remitió a la Fiscalía de Menores de Castellón los recientes presuntos malos tratos, conductas inapropiadas y supuesto abuso sexual en el centro de acogida de menores de Segorbe, ya que también adjuntó el informe que alertó en octubre del 2014 de que en la residencia se estaba dando una presunta «actuación negligente», que apuntaba directamente al educador Francisco, sobre el que pesa la denuncia sobre posibles abusos sexuales. Tras dicha advertencia no se llevó a cabo ninguna actuación al respecto, según el departamento de Mónica Oltra.

«La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas trasladó a Fiscalía todos los hechos relevantes que han ocurrido en el centro de Segorbe y todos los testimonios posteriores que se han ido recogiendo de niños y padres», indicó Oltra ayer en Castellón.

Según una nota de régimen interior de la Dirección Territorial, firmada por una psicóloga de la Sección de Menores, el 27 de octubre del 2014, tras la entrevista mantenida con un residente, «se hace constar que el menor ha manifestado que durante su estancia en el centro un educador le estiraba fuertemente de las orejas hasta hacerle daño, así como le encerraba solo en un cuarto oscuro». «Dado que dichas afirmaciones pueden suponer una actuación negligente por parte de dicho profesional en la adecuada atención del menor, así como de otros actualmente ingresados en dicho centro de acogida, se solicita que se realicen las averiguaciones oportunas con respecto a la praxis profesional de dicho educador, así como en su caso, adoptar las medidas necesarias para garantizar la correcta atención en el centro», reza el documento de la Dirección Territorial.

MIEDO A LA OSCURIDAD // La psicóloga recoge que el menor «tiene en la actualidad un acusado miedo a la oscuridad, que podría tener su origen en la situación descrita anteriormente». En aquel momento, según fuentes de la Conselleria, la supervisión de los centros, en la Dirección Territorial, le correspondía a una de las responsables de las Hermanas Terciarias Capuchinas, que gestionan la residencia ahora cerrada.

Oltra insistió ayer en que la dirección debió «denunciar y despedir» al trabajador investigado, ya que era «plenamente consciente de lo que estaba pasando».