El grupo socialista en la Diputación presentó ayer una demanda judicial contra las bases que regulan las ayudas del plan provincial para la rehabilitación de viviendas, impulsada por la Diputación, por dejar fuera de la convocatoria a los municipios de más de 20.000 habitantes, según dijo su portavoz, José Benlloch, quien subrayó que no han “tenido otra salida tras agotar” todas las opciones que tenían “para que 400.000 castellonenses no se queden fuera de los programas”.
El dirigente socialista lamentó la “arbitrariedad” con la que actúa el presidente provincial, Javier Moliner, a la hora de establecer este tipo de ayudas, que “no van dirigidas a los ayuntamientos, sino a los propios ciudadanos”, según enfatizó.
Para Benlloch, los planes de ayudas a la rehabilitación de viviendas no han sido “los únicos en cuyas bases existen criterios discriminatorios” y puso como ejemplo la relacionada con actividades culturales, la promoción de productos agroalimentarios autóctonos o la de los Planes de Obras y Servicios --Poys--, en la que los fondos destinados a los ocho grandes municipios apenas llegan a los 240.000 euros de un importe total de unos 8 millones para toda la provincia.
En cuanto a los Poys, el dirigente socialista recordó que “casi dos millones de las ayudas han quedado en el cajón al no ser adjudicadas”, mientras estas no han llegado a los municipios de más de 20.000 habitantes, por lo que pidió a Moliner que realice una nueva convocatoria a la que pueda acceder el conjunto de los 135 poblaciones de la provincia.
Benlloch, que se proclamó a favor de una discriminación positiva en favor de las localidades más pequeñas para garantizar servicios y evitar la despoblación, apuntó que “estas actitudes caciquiles favorecen el enfrentamiento y las situaciones injustas”, al tiempo que instó a Moliner a seguir el ejemplo de las diputaciones de Alicante, gobernada por el PP, y Valencia, cuyos planes abarcan a toda la provincia. H
