Se cumplió el guión. Tal y como se esperaba, el pleno de Les Corts aprobó ayer mantener el impuesto que gravará, a partir de julio, los residuos al azulejo y lo hizo con los votos del PSPV, Compromís y Podem, mientras que desde Cs y el PP se posicionaron a favor de su derogación. Fue, además, la representante popular, y no la socialista, la que recordó el compromiso adquirido por el president Ximo Puig con las empresas cerámicas de bonificar la tasa a través de un decreto con el que aliviar cualquier impacto sobre el sector.
La Cámara rechazó tramitar la proposición de ley del PP que pedía derogar el impuesto sobre eliminación de residuos en vertederos e incineración, coincineración y valorización energética, que se aprobó en diciembre en la ley de Acompañamiento. Se trata de un impuesto que afecta de lleno a la industria cerámica, para la que Puig prometió establecer bonificaciones con el fin de minimizar el impacto en el azulejo.
El compromiso se planteó en la última reunión de la Mesa de la Cerámica, teniendo en cuenta que la patronal Ascer ya cifró el coste adicional de la tasa para el azulejo en 1,5 millones de euros, y dado que, en ningún caso, se ha planteado la retirada de la ley.
En este sentido, el Consell ya había mostrado su criterio desfavorable a la tramitación la iniciativa del PP, al entender que no hay «ningún motivo» para volver a someter al Parlamento «en tan poco tiempo a la misma votación, pero esta vez en sentido contrario». Y, en línea con estos argumentos, la tramitación se rechazó por los votos en contra del PSPV-PSOE, Compromís y Podem, mientras que PP y Ciudadanos han votado a favor.
La diputada del PP Elisa Díaz fue la encargada de defender la derogación del impuesto al considerar que afectará a la competitividad de los sectores productivos, y que su aprobación fue «una metedura de pata» y un «disparate», en términos similares a los que han utilizado en sus críticas múltiples agentes, sociales, políticos y económicos de la provincia de Castellón. Díaz recordó que Puig dijo que lo va a «eliminar» con bonificaciones, para paliar el «desaguisado» que «nunca debió aprobarse».
empresas «más limpias» El turno en contra lo ejerció la diputada de Compromís Teresa García, quien reclamó al PP que deje trabajar al Consell para «fomentar la economía circular y hacer de los residuos una fuente de valor y no una fuente de problemas». Mientras que la socialista Noelia Hernández dijo, por su parte, que, con esta iniciativa, en el PP intentan «hacerse amiguitos de los empresarios de nuevo», pero hacen «oídos sordos» a lo que impulsa el Gobierno de España, una fiscalidad unificada, sin referencia alguna a la cerámica.
