La resolución del caso Ali Brancal ya tiene fecha definitiva: el 13 de diciembre. Será el día en el que los portavoces de los grupos políticos del Ayuntamiento de Castellón, reunidos en comisión, expresarán su postura definitiva respecto a si la vicealcaldesa debe o no dejar su cargo. Pero la situación ha dado una nueva vuelta de tuerca y la discusión ahora se centra en el formato del dictamen que deberán votar los grupos, ya que PP y Ciudadanos defienden que este no debe dejar en manos de los partidos la decisión final, que a su juicio corresponde a la alcaldesa. El PSPV, por su parte, señala al presidente de la comisión, Ignasi Garcia, como el responsable de la formulación del dictamen y no se manifiesta respecto al sentido de su voto.
Brancal defendió ayer en una sesión extraordinaria de la comisión de gobierno abierto y participación que las medidas establecidas en el código de buen gobierno son «inaplicables» en su situación procesal y que, por lo tanto, no debe ser cesada de sus atribuciones. Lo hizo basándose en un informe que ella misma encargó que indica que no existe «ninguna imputación formal», y que imputado «no puede ser sinónimo de investigado», pese a que desde el punto de vista jurídico son dos términos equivalentes desde el año 2015.
críticas // La comparecencia no sirvió para cambiar las posturas previas de los grupos sobre este asunto; más bien para reafirmarlas. El portavoz de Ciudadanos en la comisión, Vicente Vidal, fue el más duro al calificar de «cuentos» los argumentos de Brancal. «La autoridad competente para adoptar los acuerdos es la Alcaldía. Escudarse en comisiones y procedimientos que ninguna relación tienen con el asunto no es ajustado a derecho», indicó.
Por su parte, el popular Vicent Sales señaló que «en política se puede hacer de todo menos el ridículo y la vicealcaldesa, contra el sentido común, contra el informe de la secretaria, contra todos servicios jurídicos que se han consultado, sigue manteniendo que ella no está imputada».
Ambos grupos manifestaron que, si el dictamen del día 13 supone únicamente una votación sobre si se tiene que aplicar o no el código de buen gobierno, no descartan impugnar la comisión, e incluso desde Ciudadanos amenazan con «abandonarla antes de la votación». A este respecto, Ignasi Garcia solo adelantó que del dictamen, que se elevará al pleno del día 20, saldrá un informe «favorable o negativo» a que Brancal deje sus responsabilidades.
en estudio // El PSPV, que cuenta con dos de siete votos en esa comisión --al igual que el PP, el resto de grupos tiene uno--, no abandonó su tono neutro tras las explicaciones de Brancal. «El grupo socialista ha recogido esa información complementaria y vamos a estudiarla, a partir de ahí haremos las valoraciones consiguientes. El día 13 expresaremos nuestra decisión», manifestó el concejal Antonio Lorenzo, que evitó pronunciarse sobre si las explicaciones de la vicealcaldesa le habían parecido satisfactorias.
Más receptivos a los argumentos de Brancal estuvieron en Castelló en Moviment. La edila Anna Peñalver, si bien indicó que su grupo todavía tiene que «revisar» la documentación aportada, destacó que en este caso no existe «encausamiento formal», por lo que tienen «serias dudas sobre la aplicación del código». «Cada vez estamos más convencidos de que se está haciendo un uso partidista del mismo. En la mayoría de documentos, Brancal aparece como querellada, no como investigada», detalló Peñalver.
Desde Compromís, Ignasi Garcia denunció que la intención del PP --la querella por malversación y falsedad en el uso del servicio de correos municipal la presentó el edil Juan José Pérez Macián-- es «utilizar electoralmente nuestras instituciones». «Las meras acusaciones de unos cuantos no son motivo para que los miembros de la corporación abandonen sus responsabilidades», defendió el concejal de Compromís.
