Un centenar de personas se concentraron ayer frente a la Delegación del Gobierno en València, convocados por la Confederación de Asociaciones de Vecinos (Cavecova), para reclamar la reversión y gratuidad de la AP-7 en el tramo de Alicante a Tarragona, cuando finalice la concesión en diciembre del 2019. Entre los manifestantes estaba una delegación de la ejecutiva del PSPV-PSOE de Castellón, con su secretario general, Ernest Blanch, a la cabeza. También estuvo la vicesecretaria Ana Edo y la integrante de la ejecutiva Miriam Caravaca.

El presidente de las asociaciones vecinales, Juan Antonio Caballero, destacó en la lectura del manifiesto que la liberalización y gratuidad de circulación en la AP-7 sería «clave para el sistema de transportes y comunicaciones de la Comunitat», por lo que resaltó que «el Estado tiene la oportunidad de colaborar con los impulsos económicos necesarios».

CONEXIÓN // Explicó que se debería «configurar una conexión entre las regiones mediterráneas que permita mejorar su competitividad», así como las de empresas, cooperativas y sector turístico «frente a otras comunidades con vías rápidas gratuitas», ya que «la liberalización de la AP-7 es una manera directa de que haya más empleo, con más oportunidades para las empresas».

En la misma línea, Caballero señaló que la zona mediterránea es «un área que representa el 44,3% del PIB en toda España para lo cual (la gratuidad de la AP-7 en) el tramo central resulta imprescindible», ya que, además, la Comunitat Valenciana «sufre una infrafinanciación» respecto a otras comunidades. Subrayó que el volumen de circulación en el tramo Tarragona-Alicante ha descendido de los 27.000 vehículos diarios a unos 17.000.