Volver a la casilla de salida es el principal temor ahora en plenos rebrotes de la pandemia. Ya hay 120 a nivel nacional, una decena de ellos en la Comunitat Valenciana. Las consecuencias de otro confinamiento, como el que Cataluña ha dictado para la zona de Lleida con negativa judicial incluida, tendría consecuencias incalculables. De todos modos, todos los escenarios deben estar encima de la mesa para mitigar posibles daños. En este sentido, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, defiende la posibilidad de aplicar un estado de alarma u otro «instrumento jurídico potente» para limitar la movilidad dentro de las comunidades autónomas o comarcas que sufran rebrotes importantes.

La decisión del Juzgado de Instrucción 1 de Lleida de no ratificar la prohibición de toda salida y entrada a esta provincia deja a las comunidades autónomas, que tienen las competencias sanitarias tras la finalización del estado de alarma, en una situación complicada. «Sabíamos cuál era el marco legal: el estado de alarma», subraya Puig, al tiempo que sostiene que, en términos generales, «queda bien claro que el estado de alarma era fundamental para eliminar la movilidad y limitar derechos constitucionales». Más información en pág. 31.

Asimismo, el jefe del Consell recuerda que el Gobierno central «dijo que era posible» aplicar un estado de alarma o instrumento similar en un espacio determinado, lo que se denominó confinamiento «quirúrgico», aunque aboga por «definirlo bien» a partir de una buena relación entre las autonomías y el Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez.

mascarilla // Si el tema del confinamiento preocupa, también lo hace el de la mascarilla, después de que comunidades autónomas vecinas como Cataluña y Aragón, junto a Baleares, Andalucía, Extremadura o La Rioja hayan decretado su uso obligatorio de forma continua, aunque se respete la distancia de seguridad, y otras estén estudiando firmemente implantar la medida. Por el momento, la Comunitat difiere de estas regiones y se mantiene firme en su decisión de no regular el asunto, a pesar de que el jueves a última hora cancelara la publicación en el Diari de la Comunitat de una resolución sobre medidas sanitarias en la nueva normalidad, donde incluían los aforos máximos, a la espera de saber si el Ministerio de Sanidad unifica criterios sobre la mascarilla. Supeditándose al Gobierno central.

Por su parte, el presidente insiste en que la obligatoriedad de la mascarilla «no está en discusión» en la Comunitat, aunque reconoce que durante los próximos días «se pueden tomar decisiones» en función de la evolución de la pandemia.

«El uso de la mascarilla no está en el debate, es absolutamente necesario. Cada uno de nosotros somos responsables», defiende Puig, descartando «poner una persona vigilando permanentemente lo que hace cada ciudadano». A su juicio, debe haber una responsabilidad compartida.