Las obras en la variante de la Vall de la autovía del Mediterráneo que provocan retenciones cada día en la A-7 y que muchos usuarios tengan que optar por la N-340 (o la autopista si prefieren pagar) han abierto una guerra dialéctica entre el Ministerio de Fomento y la Generalitat valenciana. Tras la solicitud del secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, de una aportación económica del Consell si quiere abrir la AP-7 a la circulación, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, reiteró ayer la negativa del Gobierno valenciano.

Puig no insistió en la infrafinanciación que ya esgrimió ayer la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio en este diario, sino que fue más allá y señaló que el Ministerio de Fomento «ha dejado de invertir 2.000 millones de euros en la Comunitat» en los últimos años, motivo por el cual bien podría asumir esta pequeña «compensación, si es así como quieren considerarla». Tras inaugurar la I Jornada Internacional sobre Innovación organizada por el diario Mediterráneo y Becsa en la Cámara, Puig se mostró predispuesto a abrir este debate: «Si se ponen a discutir la cuestión, bien podrían invertir», manifestó.

ya en el Estatut // Además, para reforzar su argumentación en este debate, el jefe del Consell señaló que, tras la aprobación de la reforma del Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana en el Congreso de los Diputados, este ya recoge que «cada año al menos se ha de invertir en la Comunitat un 11% de la inversión del Estado y durante estos años nunca se ha invertido más del 7%». «Tenemos derecho a una compensación, la justicia redistributiva en España se tiene que comenzar a aplicar en la inversión pública».

Asimismo, aunque Gómez-Pomar señaló que «nunca» se ha llevado a cabo la liberalización de una autopista por unas obras y que, cuando se ha producido la bonificación del paso de camiones ha habido aportación de la autonomía, Puig indicó que el Gobierno que encabeza considera «que Fomento tiene que hacer lo mismo que ha hecho en otros territorios». «Pensamos que esto lo tiene que asumir el Ministerio de Fomento y que lo puede asumir, como en otros territorios».

Por su parte, la consellera de Obras Públicas, María José Salvador, calificó ayer de «irracional» y de «frivolidad» que el Ministerio reclame a la Generalitat el coste de la liberación de la AP-7, ya que las obras son competencia del Estado. En Valencia, Salvador lamentó asimismo la falta de «sensibilidad» del Ejecutivo central hacia la Comunitat Valenciana en un tema que perjudica a miles de conductores cada día y señaló que espera que el ministro de Fomento en funciones, Rafael Catalá, responda por escrito a la petición de la Generalitat. H