El president de la Generalitat, Ximo Puig, respondió ayer a las críticas vertidas sobre su persona por el 1,2% de las acciones que posee de Promociones y Ediciones de Castelló SA (Pecsa) --editora del periódico Mediterráneo que pertenecía a Zeta-- y negó cualquier ingerencia en la quita del Instituto Valenciano de Finanzas al Grupo Zeta, recientemente adquirido por Prensa Ibérica.

«Mi participación es residual y la he declarado siempre». «No soy ni nunca fui socio de Zeta, que es la empresa a la que el PP le dio un crédito, que es evidente, como se ha demostrado, que no estaba suficientemente avalado». «Fue una decisión que se tomó en el pasado», declaró Puig. «Ahora lo que ha pasado es, en un conjunto de actuación sindicada, que se han tomado decisiones por parte del IVF, de forma autónoma, pero no tengo nada que ver con la quita al Grupo Zeta ni afecta para nada a mi participación en la empresa Pecsa», explicó el president, denunciando que esta situación es fruto de «un interés mediático y político» de desgaste. Y sobre si tiene pensado vender las acciones ante el revuelo generado, no lo contempla, a priori. «No soy rico. Mi único patrimonio es esto, que es producto de una indemnización por despido improcedente», aunque matizó después que «preservando el interés general», está «dispuesto a cualquier solución». «Mi vida no ha estado vinculada a intereses económicos». «No sé dónde está el problema. ¿Se imagina que tengo esas acciones en Telefónica o cualquier otra empresa? No tengo por qué dejarlas», subrayó el president de la Generalitat.

Por su parte, el síndic del PSPV, Manolo Mata, dijo que Puig es «el president más honrado de la historia» y primó la «transparencia» en todas sus actuaciones públicas. Respondió así a la secretaria general del PP, Eva Ortiz, quien consideró «urgentes» las explicaciones. Mata recordó los tiempos en que era director general del IVF José Manuel Uncio y «pagaba con la visa del IVF joyas, regalos de boda o artículos de lujo».

DEFENSA DE OLTRA // La portavoz del gobierno, Mónica Oltra, también defendió a Puig en la comparecencia tras el Consell. «No ha aprobado ninguna operación de quita a la empresa de la que es accionista» y «no ha habido conflicto de intereses» porque «la norma aprobada por el Consell no tiene especificidades, es general».