El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha asegurado que el Consell está estudiando la posibilidad de realizar “alguna intervención de carácter jurídico” por el cierre del almacén subterráneo Castor y su repercusión en la factura del gas de los ciudadanos. Puig se ha manifestado así al ser preguntado por si el Gobierno valenciano tenía prevista alguna acción legal después de que el de Cataluña haya decidido acudir a la justicia para evitar que la indemnización por la paralización del almacén situado frente a la costa de Vinaròs repercuta en la factura del gas. “Es verdad que esto se produjo en la legislatura anterior y el Gobierno del PP no hizo ningún tipo de acción y no sé si nosotros en estas condiciones podemos realizarla o no”, ha agregado el president.
Para el jefe del Ejecutivo valenciano, lo sustantivo es que “no tiene ningún tipo de legitimidad que tengan que ser los ciudadanos los que paguen el coste de un error monumental. Un error del que hay que ver quién es fundamentalmente el causante y eso en estos momentos no se sabe”.
Puig ha asegurado que la decisión del Gobierno de España de pagar la indemnización “sin saber las causas objetivas que produjeron este desastre”, no le parece “lógica”. “Lo lógico hubiera sido esperar a la investigación y asumir lo que correspondiera, en caso de que le correspondiera al Estado pero que se haya pagado antes de saber lo que ha pasado no es lógico, no es razonable”.
Por su parte, el diputado autonómico del PP Rubén Ibáñez denuncia que Ximo Puig “manipule y siga intentando confundir a los valencianos sobre la autoría del Castor, que, sumado a las desaladoras, supuso el mayor fiasco del Gobierno de Zapatero para la provincia de Castellón”. H
