El Gobierno central pidió recortar el gasto a la Comunitat valenciana, y la respuesta del presidente de la Generalitat no se hizo esperar. Ximo Puig reclamó ayer al Gobierno de España que abone los 344 millones de euros que debe a la Comunitat por la atención sanitaria prestada a desplazados de otras comunidades autónomas. Puig hizo estas declaraciones en la sede de la patronal azulejera Ascer en Castelló, al ser preguntado por los mentados recortes.

El jefe del Consell indicó que el valenciano es un Gobierno «responsable» que sabe que «la eficiencia es fundamental para el Estado del bienestar», y que trabajarán en esa dirección. Sin embargo, según el presidente Puig, también es necesario «decir con total claridad al Gobierno de España que esta responsabilidad y lealtad es de ida y vuelta y, si está bien que nos pidan que tomemos las decisiones oportunas para que no se dispare el gasto, también tenemos que recibir aquellos recursos que nos corresponden».

En ese marco, el dirigente socialista se refirió al caso concreto sanitario, ya que la Comunitat sufre, según dijo, «más de 300 millones de euros de deuda del Gobierno de España del Ministerio de Sanidad por los desplazados».

«Nos tenemos que responsabilizar de que no se dispare el gasto», agregó Puig, pero el Gobierno «tiene que pagar aquello que le corresponde, es decir, la atención a los desplazados que llevamos unos cuantos años que no se satisface y eso implica problemas de tesorería importantes para la Generalitat valenciana».