En el último minuto, el president Ximo Puig logró arrancar de su homólogo socialista en el Ejecutivo nacional, Pedro Sánchez, dinero extra para la Comunitat a cambio de prestar su apoyo a los nuevos parámetros que quiere aplicar Madrid a las autonomías. Son medidas paliativas a la espera de que materialice la reforma del sistema de financiación.

La Generalitat votó ayer a favor de los objetivos de déficit y deuda para las comunidades en el período 2019/21, en el marco del Consejo de Política Fiscal, tras negociar Puig in extremis diferentes medidas con el Gobierno central que supondrán 850 millones adicionales para las arcas valencianas. El líder del Consell, que decidió que la Comunitat se abstuviera en la votación de hace un mes, interrumpió sus vacaciones para trasladarse al Palau, desde donde mantuvo conversaciones con el Ministerio de Hacienda antes de decantarse por el sí.

Entre las concesiones que Sánchez hace a Puig está la absorción de la deuda de 350 millones de euros del Consorcio València 2007 -formado por Gobierno, Generalitat y Ayuntamiento de València para la Copa América-.

Además, según el president, el alza del déficit autorizado supone 245 millones para la Comunitat; a lo que se suma una modificación respecto al IVA -prevén sume otros 250-, y la refinanciación de 1.000 millones de la deuda valenciana de corto al largo plazo.

Este cambio de voto se ha adoptado tras las conversaciones entre Puig, el conseller de Hacienda, Vicent Soler, y la ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero. La Comunitat da, así, el OK a suavizar el déficit autonómico del 0,1% del PIB vigente al 0,3% tras las medidas logradas «a favor de los valencianos», inciden. «No es la solución definitiva, sino una decisión transitoria a que siempre habíamos apelado hasta la resolución del nuevo modelo de financiación», señaló Puig, quien destacó que «se ha producido un avance sustancial para la Comunitat, para sus intereses y para todas las comunidades».

OTRAS COMUNIDADES / La votación para aliviar el déficit autonómico, que fue rechazada por el Congreso el 27 de julio, volvió a contar con la oposición de las cinco comunidades gobernadas por el PP, junto a Canarias, mientras que votaron a favor las siete socialistas y Cantabria. El Consejo de Ministros ratificará mañana los objetivos de déficit.