El pulso secesionista que mantiene la Generalitat de Catalunya con el Ejecutivo español tiene efectos directos sobre la economía y la Comunitat Valenciana. Y es que durante el mandato del president Mas se ha acelerado la cifra de firmas que han decidido exiliarse fuera del territorio catalán para asentarse en otra región, de la que la Comunitat ha sido una de las principales receptoras. Los empresarios ya auguran que la situación irá “a más” de recrudecerse el conflicto político, siendo “la Comunitat una de las grandes beneficiadas”, en palabras del presidente de los Empresaris de Catalunya, Josep Bou.
No hay datos provincializados y las empresas van y vienen en función de intereses estratégicos. Pero un informe de la compañía Asexor revela que el cambio de domicilio fiscal de empresas catalanas hacia Castellón, Valencia y Alicante se ha acelerado desde el 2012, momento en el que comenzó a crecer la tensión, con un flujo siempre favorable para la Comunitat. En el año 2008, fijaron su sede en nuestra región 109 empresas procedentes de Cataluña, frente a las 101 valencianas que recorrieron el camino inverso. En el 2012, llegaron 143 empresas catalanas a la Comunitat, frente a 82 valencianas que decidieron instalarse en Cataluña; en el 2013 fueron 106 frente a 73, y en el 2014, 93 frente a 67. Es decir, 806 compañías han cambiado su domicilio fiscal en Cataluña para asentarse en algún punto de la Comunitat, mientras que 598 valencianas lo hicieron para nacionalizarse catalanas. En total, Castellón, Valencia y Alicante han ganado 208 firmas procedentes de la región vecina.
El Círculo de Economía de Cataluña consideraba ya en noviembre “indispensable y urgente corregir el rumbo que la política catalana ha iniciado con la declaración aprobada por el Parlament de Catalunya (...), unos efectos negativos ciertos que se magnificarían de confirmarse la formación de un gobierno de mayoría inestable”. El presidente del colectivo Empresaris de Catalunya, Josep Bou, afirma a Mediterráneo que “Valencia va a salir beneficiada del drama de Cataluña”, e incide en que el “pulso separatista” empuja a las empresas a “deslocalizarse” --el éxodo arroja un saldo negativo en Cataluña de 1.121 firmas en la última legislatura--, siendo “Madrid, Aragón y la Comunitat” los destinos. Bou apela a que el Ejecutivo catalán “respete la legalidad”. Lo contrario “es una locura”, lamenta, Y exige a Rajoy a que “cumpla su palabra y no permita que se haga nada fuera de la ley”, en alusión a las pretensiones de crear una agencia tributaria y otra de la Seguridad Social catalanas.
El secretario de la Confederación de Empresarios de Castellón (CEC), Rafael Montero, asegura que el flujo de empresas, de momento, es moderado, pero lo que sí han detectado “es que las inversiones que en principio estaban previstas se están quedando frenadas por los problemas políticos en Cataluña y en España”, resalta, como efecto colateral, también en el empleo en Castellón. “Hay mucha preocupación. Nosotros colaboraremos con cualquier gobierno, sea del signo que sea, pero respetando la libertad de empresa y la democracia”.
Una hipotética frontera entre Vinaròs y Alcanar sería muy perjudicial a nivel comercial, ya que los castellonenses, los valencianos y los alicantinos compran a Cataluña productos por valor de 6.675 millones de euros, frente a los 4.028 que se remiten desde aquí hacia Cataluña. H
